En esta quinta entrega que realizamos sobre las recomendaciones de CEPLIS acerca del TTIP se aborda otro de los asuntos más sensibles también presentes desde el inicio de las negociaciones como es el encaje o no de los servicios públicos en el acuerdo comercial transatlántico. Materia que es tratada en esta semana del 11 al 15 de julio en la 14ª ronda negociadora entre la UE y EE.UU. que tiene lugar en Bruselas. El objetivo fundamental en este nuevo encuentro es un intercambio más intenso de textos a modo de borrador sobre los capítulos abiertos de la negociación y avanzar en los tres pilares establecidos: acceso a los mercados, cooperación regulatoria y normas de comercio.
No obstante, esta semana Ecologistas en Acción daba a conocer una nueva filtración, esta vez, sobre el capítulo de energía, en el cual se revelan amenazas para el medioambiente —el desarrollo sostenible solo quedaría en un intercambio de buenas prácticas— y las energías renovables donde los gobiernos perderían capacidad regulatoria para fomentarlas.
En cualquier caso, una vez hecho un breve repaso a la actualidad, nos centramos más detenidamente en las recomendaciones de CEPLIS sobre los servicios públicos.
1. Mantener la independencia de los gobiernos europeos en los servicios que provee
En definitiva, a pesar de que los jefes negociadores como Ignacio García-Bercero por la UE, o la comisaria de Comercio de la CE, Cecilia Malmström, han manifestado que los servicios públicos quedarían excluidos de la negociación, se pretende que este hecho sea ratificado y que la provisión de servicios con financiación pública como la sanidad, la educación y los servicios sociales en conjunto no sean objeto de la negociación.
2. Contemplar escenarios donde los profesionales son proveedores de servicios públicos
Asimismo, desde CEPLIS se advierte sobre los distintos escenarios que podrían afectar a los profesionales que son proveedores de servicios públicos:
- Dificultad en remunicipalizar servicios: la decisión de privatizar determinados servicios públicos por un gobierno implicaría una serie de dificultades con los intereses privados en materia de arbitraje si se pretendiera volver a remunicipalizar dichos servicios.
- Cambios en la gestión privada de centros sanitarios públicos: también habría que contemplar como afectarían cambios motivados por el TTIP a la gestión privada de centros sanitarios públicos, cuyo régimen mixto de gestión implica a profesionales de distintas áreas.
- Colaboración de entidades público-privada en un marco difuso: en aquellos centros sanitarios o de educación que están concertados con las administraciones públicas tampoco está clara de manera suficiente su exclusión de las negociaciones.
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