viernes, 20 de febrero de 2015

Big data: rapidez y eficiencia en la detección de necesidades sociales

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«La sostenibilidad social debe ser parte integrante del programa económico de un país, no solo una acotación». Kermal Dervis. Ex dirigiente de la ONU 

¿Cuál es la prioridad en el diseño de la política fiscal de los países europeos en los últimos años? Control del déficit, renegociaciones en el pago de las deudas públicas (cuando no, rescates), ajustes notables del gasto, etc. Todo, en aras de favorecer una supuesta estabilidad económica. Sin embargo, este proceder parece aventurar una elevada factura política y una fractura social, de hecho, en Europa; «mayor desigualdad, pobreza y frustración», como señaló recientemente en un artículo, Kemal Dervis, ex administrador del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD). 

En las últimas décadas, la configuración europea de los sistemas impositivos ha seguido, con diferente grado y forma, los cinco grandes principios enunciados por el hacendista alemán F. Neumark en 1970 :
  1. Suficiencia recaudatoria para administrar políticas de gasto
  2. Distribución de la carga de un modo justo 
  3. No alterar las decisiones de los agentes 
  4. Adaptación al ciclo económico 
  5. Sencillez en su gestión. 
¿En qué medida se han distorsionado estos principios de las políticas fiscales? 

  • Colegios profesionales, Big data y política social 

Es evidente que la introducción de los sistemas informáticos para medir la incidencia de los sistemas impositivos sobre los agentes económicos ha permitido a los gobiernos determinar con mayor precisión el impacto, principalmente, en términos cuantitativos de las diversas figuras tributarias y así, mejorar la aplicación de los principios de Neumark. No obstante, el fenómeno conocido como Big data «para analizar grandes cantidades de datos, debería mejorar la eficiencia de los programas sociales y promover al mismo tiempo la participación de los ciudadanos interesados», como indica, Dervis. 

Es decir, un sistema positivo más enriquecido de información desde el prisma social cuya articulación permitiría advertir a los dirigentes políticos necesidades ciudadanas, antes incluso de que los mismos afectados sean conscientes de su magnitud. Por ejemplo, problemáticas asociadas al desempleo tales como riesgo de exclusión, economía sumergida, personas con discapacidad que precisen infraestructuras públicas, dotación de equipamientos sanitarios y/o educativos, etc. 

En esta línea de trabajo, los colegios profesionales, en tanto en cuanto, actores relevantes de la sociedad civil potenciarían aún más su papel receptor de los problemas de la ciudadanía al actuar como nodos esenciales de una nueva economía que debería estar mucho más centrada en las personas. 

viernes, 13 de febrero de 2015

TTIP: ¿qué balance dejó la octava ronda negociadora?

Fuente imagen: www.euintheus.org
Urgencia por avanzar y asuntos excluidos fueron los movimientos principales que produjo la celebración de la octava ronda del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) en Bruselas, la pasada semana. Entre los temas relegados, la CE reconoció que «hay distintos enfoques regulatorios que implican diferentes niveles de protección» en las áreas específicas de productos genéticamente modificados, alimentos hormonados y el sector químico. No obstante, como señaló García-Bercero, el jefe negociador por la UE, se registraron avances en los tres pilares que vertebran las negociaciones. Así, en el primero, acceso a los mercados, se trabajó para conseguir un alto grado de equivalencia en tarifas, servicios y contratación pública. En el segundo, aspectos regulatorios, se debatieron sectores como el automóvil, productos farmacéuticos o dispositivos médicos. Mientras, en el tercer pilar, normas, se apostó nuevamente por la protección de los derechos de los trabajadores y el medioambiente. Sin embargo, la ronda dio más de sí. 

  • Constituir un órgano de cooperación regulatoria
Es la propuesta capital resultante de esta ronda negociadora: la creación de un órgano de cooperación regulatoria. Una institución que, de aprobarse el TTIP, estaría conformada por miembros dirigentes de las diversas agencias reguladoras a ambos lados del Atlántico, cuyo cometido sería: 
  1. Establecer las prioridades regulatorias sobre determinados sectores. 
  2. Ofrecer soluciones en caso de conflictos. 
  3. Vigilar la evolución del Tratado.
El documento de esta iniciativa resume que la aspiración de este órgano sería «generar una regulación más efectiva a un menor coste para los interesados», con el mantenimiento, eso sí, de «los altos niveles de protección en áreas como la seguridad de los consumidores, la salud y el medioambiente». En este sentido, la CE destaca que este órgano no podría «adoptar medidas jurídicas» ni «interferir en los procedimientos reglamentarios domésticos de EE.UU. o la UE». 

  • Mención a servicios profesionales 
La fundación este órgano regulatorio descrita en el dossier afirma, entre otros sectores, que «por ejemplo, el sector financiero debe ser gestionado muy de cerca y que necesitamos una fuerte regulación para asegurar que nuestros proveedores de servicios profesionales, estén debidamente calificados»

En torno al funcionamiento de dicho órgano, la CE precisa que se tendría en cuenta la visión del resto de stakeholders o grupos de interés, si bien no son nombrados, tales como sindicatos, empresas, consumidores, e incluso organizaciones profesionales; instituciones que deberían tener un mayor protagonismo en la configuración regulatoria. 

Mientras, ya están previstas dos rondas más antes del verano: abril y julio...


miércoles, 4 de febrero de 2015

Los profesionales, presentes en las I Jornadas de Buenas Prácticas en Empresas de la Economía del Bien Común #EBC


«Cuando se habla de crecimiento, solo se habla de dinero. El dinero es una herramienta, no es un objetivo». Francisco Álvarez, embajador de la Economía del Bien Común 
Con esta lucidez sobre los dogmas del modelo económico en el que vivimos insistía, Francisco Álvarez, embajador de la Economía del Bien Común en España (EBC) el pasado 30 de enero en la sede de Medialab Prado. ¿El motivo? La apertura de las I Jornadas de Buenas Prácticas en Empresas de la EBC. Un nuevo paradigma —impulsado por Christian Felber— que no se parapeta en lo filosófico, sino que desciende y se extiende cada vez más gracias a su lógica social y sencillez para ponerlo en práctica como subrayó Álvarez. El evento, desarrollado a lo largo de dos días, dio cita a «casi un centenar de empresarios y empresarias para hablar de cómo la EBC puede transformar la forma de gestionar las empresas para responder a la creciente demanda social de una economía más justa y sostenible». 

Además, en la presentación intervinieron Ignacio Duque, coordinador del nodo de empresas de la EBC en Madrid, donde sostuvo que «el futuro está en las empresas de la EBC»; y también precursores de la materia como Dolores Vendrell, presidenta de la asociación Alcoress, Jorge León, al frente de la empresa Can Cet, y Beatriz de Andrés, Directora General de Art Marketing y coordinadora de comunicación de la Asociación Española de la EBC.

Entre los numerosos participantes reunidos en las jornadas, muestra del creciente número de ciudadanos que comienza a sumarse a esta nueva reinterpretación de la economía, se encuentran los profesionales colegiados; arquitectos, psicólogos, economistas, periodistas plantearon sus modelos de ejercicio «desde una perspectiva sostenible y en un tamaño óptimo basado en las personas y en armonía con el medio ambiente, entendiendo que las empresas son los verdaderos agentes del cambio social».

Si aludimos al espectro de profesiones, su principal propósito es velar por las necesidades de carácter jurídico, sanitario, económico, científico, arquitectónico, ingenieril o social que tienen las personas. Para ello, los profesionales responden conforme a su responsabilidad, preponderando el buen ejercicio sobre el ánimo de lucro y cimentándose en su independencia de criterio, parámetros aunados en los códigos deontológicos. 

De esta manera, lo verdaderamente enriquecedor, por encima del desempeño económico, es la medida en la que los servicios que prestan los profesionales favorecen el bienestar y la tranquilidad de las personas al crear un entorno social más deseable e integrador. Indicadores tales como el nivel y tipo de litigios, niveles de salud, habitabilidad o inclusión social ayudarían en esta dirección. Así, todo este potencial se puede vincular el elemento fundamental de la EBC: el Balance del Bien Común, cuya instrumentación centra al ciudadano y trabajador como finalidad de la economía y no como meras herramientas de ella.