Las profesiones frente a la obsolescencia programada

«Luchar contra la obsolescencia programada es conseguir que el producto sea de mayor calidad» Jean-Pierre Haber, delegado del Comité Económico y Social Europeo. 

Cada vez somos más conscientes como consumidores. Asistimos a una paradoja circular del consumo donde los productos que adquirimos vienen revestidos o repletos de innovación y diseño y, sin embargo, presentan periodos de vida menores si lo comparamos con los de hace tan solo una década. Hablamos de la obsolescencia programada, un vicio del modelo consumista que ha sabido camuflarse en nuestros hábitos de manera general: supuesto mayor avance tecnológico, seguir la moda ‘impuesta’ y ponderar la posesión de bienes por encima del uso que verdaderamente les damos. Este asunto de profundidad que, fue tratado por el Comité Económico y Social Europeo (CESE) el 25 de junio en la sede de la Comisión Europea en Madrid, abre una oportunidad para establecer los cauces legislativos y culturales para construir un modelo más sostenible y ético. Thierry Libaert, miembro del CESE afirmó que esta cuestión, «nunca ha sido tratada hasta ahora, en las instituciones europeas y, en este sentido, en octubre se abordará la creación de un Observatorio europeo de la obsolescencia programada».

¿De qué forma las profesiones son un valor frente a la obsolescencia programada? 

«En cuanto al lugar que reservamos a la ética en nuestras sociedades, nos resulta difícil aceptar que se encomiende a determinados ingenieros la tarea de poner a punto productos caracterizados por un envejecimiento acelerado o que publicistas lancen campañas para incitar a los consumidores a comprar productos aun sabiendo que no aumentarían su nivel de satisfacción». Esta cita, que corresponde al Dictamen del CESE publicado el 17 de octubre del 2013 denominado Duración de la vida de los productos e información al consumidor, nos da una buena muestra y respuesta del engranaje esencial que suponen los profesionales tanto en la prestación de servicios como en la intervención en el diseño de los bienes que consumimos. 

Los impactos negativos del consumo desmedido e inducido son evidentes: impacto medioambiental, afección especial a los segmentos de la sociedad con menor poder adquisitivo que no puedan seguir el ritmo de consumo impuesto y, en definitiva, una distorsión en los valores sociales responsables. Por ello, una ética comprometida, y un control deontológico bien articulado por las organizaciones colegiales de la mano de la independencia de criterio que ha de tener cada profesional en su ejercicio han de ser herramientas protagonistas en conducirnos a un modelo de desarrollo más sostenible para los ciudadanos, donde la calidad, como bien recuerda Jean-Pierre Haber del CESE, sea un elemento crucial.

El potencial económico de la Red

El Parlamento y la Comisión europeos han incidido en lo digital como motor económico de su estrategia de crecimiento, donde el e-commerce y la inversión en infraestructuras juegan un papel clave para el crecimiento de la Unión Europea. No obstante, se han considerado resistencias a ese «crecimiento» cuestiones clave, como la seguridad, especialmente en lo que respecta a la protección de los datos de los europeos. Como ha reconocido recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), existen derechos —como el derecho al olvido— que apelan a una normativa, a un control que busca equilibrar las fuerzas entre las partes. A la espera del Acta del Mercado Único III con las futuras estrategias, que se presuponen estarán centradas en el Mercado Único Digital, el debate lo encontramos en lo fronterizo, reconduciendo la mirada de la Agenda Digital europea al otro lado del Atlántico. 

Las negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) entre Estados Unidos y la Unión Europea han traído consigo preguntas sobre las implicaciones de este acuerdo que, según el ideólogo de la Economía del Bien Común, Christian Fellber, al estar la agenda de este tratado formulada por las empresas trasnacionales más influyentes de uno y otro lado, implica «ajustar a la baja la totalidad de las leyes ambientales, de protección de la salud, seguridad alimentaria, condiciones laborales y datos privados, entre otras». Esta sospecha ha sido refrendada recientemente por una filtración, donde se informa de que los servicios públicos podrían ser gestionados, a raiz del TTIP, por empresas estadounidenses.

>> ¿Un verdadero mercado único para permitir la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales? Esta idea de homogeneización que, si nos focalizamos en los servicios profesionales, puede traer ciertos problemas. ¿Qué pueden ganar o poner en riesgo los profesionales y ciudadanos bajo este paradigma? «Parece que una mayor accesibilidad, evitar los costes de desplazamiento y una comparación más amplia de profesionales podrían ser favorables, pero calibrar en qué medida, la confianza percibida, la calidad obtenida y la seguridad ofrecida a los potenciales clientes y pacientes serán suficientes, se constituyen como los verdaderos retos sobre los que es necesario reflexionar» expone Eugenio Sánchez, economista de Unión Profesional en El potencial económico en Internet, en la revista Profesiones 149.

El análisis socioeconómico, relevante para las profesiones

«Se pueden manejar los mejores datos del mundo y contar con el mejor análisis, pero el reto es hallar la información clave y transmitirla de manera concreta y directa» 

Al igual que en una fotografía demandamos una mayor definición traducida en un mayor número de píxeles, cada vez más, cuando analizamos un mercado, demandamos una mayor cantidad de datos que nos dibujen con mayor precisión su imagen y comportamiento. Prueba de esta trascendencia era referida recientemente en una entrevista en el diario El País a Nan Bulger, responsable de la Asociación de Profesionales de Inteligencia Económica y Competitiva (SCIP) radicada en EE. UU. De esta forma, sostenía la tendencia creciente en países e instituciones de poner en valor la recopilación, análisis y, sobre todo, la interpretación que se puede realizar sobre los datos de diferentes mercados. Por ello, la oportunidad hoy en las profesiones colegiadas reside en obtener un mayor conocimiento e información de su entorno para poder prestar el mejor servicio a los ciudadanos y los profesionales. ¿Las herramientas? LOS DATOS.

Extraer información concluyente de los datos

Es evidente que hablar de los servicios profesionales es aludir a un subsector que genera un gran volumen de datos. Otro asunto es detectarlos y tratarlos. Cifras de empleo, facturación, inversión, productividad o evolución del tejido empresarial son algunos de los indicadores más significativos, generales y, por tanto, buscados. Pero no debemos olvidar que estos datos, son la consecuencia directa e indirecta del entorno de regulación de las profesiones, del ejercicio de los propios profesionales, de los ciudadanos y de la función de las organizaciones colegiales. 

Datos como el número desagregado de expedientes disciplinarios colegiales o la cifra de atenciones prestadas a los ciudadanos por las corporaciones profesionales tienen un impacto directo en áreas como la judicialización de la sociedad, el valor de diversos bienes y, al fin, en el bienestar de las personas. Por ejemplo, ¿en qué medida disminuyen los casos judiciales debido a servicios prestados por profesionales colegiados? ¿Qué pérdida de valor experimentan aquellos bienes inmuebles en los cuales no interviene un profesional para su mantenimiento y gestión? ¿Qué hay de los indicadores de salud cuando un paciente recibe un servicio médico de mala calidad y no controlado?.

Si examinamos el proceso de prestación de un servicio profesional intervienen numerosos elementos medibles en datos. El profesional oferta su servicio bajo el modelo colegial, donde el instrumento de colegiación supone un control sobre el desarrollo de su ejercicio susceptible de ser sancionado, si no cumple las normas deontológicas. Así, cuando el cliente o paciente precisa un servicio profesional, tiene una mayor confianza sobre su seguridad al poder dirigirse a la entidad colegial mediante el servicio de atención a los usuarios y realizar una consulta o reclamación.

>> Nos referimos, en definitiva, a conocer y evaluar cómo se verían afectados los indicadores económicos y sociales si trastocamos demasiado la esencia del modelo colegial que provee la necesaria confianza a los ciudadanos y suministra información concluyente.

Los Colegios Profesionales en la sociedad del aprendizaje

Imagen vistelacalle.com

«Tiene sentido centrar la atención en cómo las sociedades aprenden, y qué es lo que se puede hacer para promover el aprendizaje, incluyendo la promoción de cómo aprender a aprender» 

Con esta reflexión, el Nobel de Economía, Joseph E. Stiglitz aborda en un artículo reciente La creación de una sociedad del aprendizaje la relevancia que supone en una economía y, en definitiva para una sociedad el objetivo tan sencillo y complejo de cómo hacer las cosas mejor. Así, afirma este economista que «visualizar a través de las lentes del aprendizaje ofrece una perspectiva diferente sobre muchos temas». Temas o áreas como los servicios profesionales son un claro ejemplo.

Los Colegios Profesionales generan externalidades positivas con su aprendizaje 

Como bien dice la teoría económica, las externalidades positivas son los efectos beneficiosos sobre el resto de ciudadanos que produce una actividad con su desarrollo y que no están recogidos en sus cuentas. En el caso de las organizaciones colegiales, estas proveen de externalidades positivas a tres grupos: 

• Ciudadanos: son los que más efectos positivos reciben. La existencia de organismos reguladores como los colegios que ejercen un control deontológico independiente sobre los profesionales otorga a los clientes y pacientes una mayor seguridad, tranquilidad y confianza sobre la calidad que reciben cuando precisan un servicio profesional. 

• Profesionales: los servicios que prestan los profesionales son credence goods. Es decir, los clientes o pacientes no pueden discernir ex ante, durante, ni ex post el nivel exacto de calidad que obtienen. Por ello, la existencia de organismos reguladores se hace necesaria para legitimar aún más al profesional en su ejercicio frente al ciudadano.

• Administración pública: tanto las funciones de control deontológico, la formación continuada o las distintas asesorías que realizan las entidades colegiales, además de suponer un ahorro en el gasto público, producen que el subsector de servicios profesionales sea uno de los más estables en el crecimiento económico por su credibilidad.

Toda esta labor requiere de un trabajo constante y comprometido de las corporaciones profesionales. Una tarea que no es estática sino que evoluciona en el seno de estas instituciones en busca siempre de mejorar el servicio y la atención al ciudadano y al profesional. Este aprendizaje, en el sector de las instituciones colegiales encaja con una última consideración de Stiglitz: «el aprendizaje puede ser más marcado en algunos sectores en comparación con otros, y los beneficios de dicho aprendizaje, incluyendo el desarrollo institucional necesario para el éxito, podría extenderse a otras actividades económicas».