La importancia de los datos para los consumidores

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«Los datos también pueden ayudar a impulsar la innovación y el compromiso cívico, permitiendo el desarrollo de bienes y servicios nuevos y más efectivos». Grant James Cameron, director del grupo datos de desarrollo del Banco Mundial, sostenía, tal y como precisa la cita, el potencial y las oportunidades que ofrece el fenómeno Big Data, en su artículo ‘Datos y desarrollo’. Las bases fundamentales ya están en marcha, sin embargo, aún hay asuntos que delimitar con precisión. Por ejemplo, quién maneja los datos y cuál es el nivel de protección de los ciudadanos. 

G.J. Cameron, insiste, «el tamaño y la complejidad de estas bases de datos requieren habilidades analíticas especializadas (que siguen siendo escasas), así como más investigación y experimentación». No obstante, valorar el poder de los datos para horizontalizar las decisiones de los agentes sociales siendo copartícipes, nos hará consumidores más hábiles y sobre todo, ciudadanos más críticos con lo que nos rodea. Por ello, las profesiones no quedan al margen en tanto en cuanto, la seguridad y el mejor servicio a los ciudadanos es el objetivo fundamental.

El consumidor como eje bidireccional de datos: genera y demanda

Si hay un sector en la economía, donde los ciudadanos, como clientes y pacientes demandamos datos, contrastación y, en definitiva, mayor confianza, es el de los servicios profesionales. En una sociedad donde el consumidor, cada vez más, requiere, compara y contrasta a través de diversas fuentes la información sobre el bien, o servicio, que quiere comprar, cobra todavía más importancia la responsabilidad a la hora de contratar a un profesional que nos ha de prestar su servicio en asuntos que afectan a nuestra integridad física o jurídica. Adquirimos, por tanto, un perfil activo en la demanda de datos de diferente índole sobre los profesionales para así poder tomar la mejor decisión, la más acertada. 

Si bien nos identificamos con este comportamiento de rastreo y contrastación, la otra cara de la moneda reside en los datos que generamos con nuestra actividad y búsqueda, así como cuando consumimos un bien o recibimos la prestación de un servicio. Es decir generamos datos de manera pasiva, una situación que produce preocupación y debate social. En este sentido, Marta Martínez Alonso, presidenta de IBM España, Portugal, Grecia e Israel, afirma en su artículo ‘Los datos, nuevo recurso natural’ que «es necesario mostrar a los ciudadanos los beneficios del Big Data, que somos capaces de optimizar el tratamiento de sus datos y que a la vez protegemos su privacidad».

Las organizaciones colegiales: proveedores de datos

«El verdadero valor de un proveedor de información proviene de su labor para localizar, filtrar y comunicar información útil al consumidor». Esta definición realizada por los economistas C. Shapiro y H. Varian, expertos en estudiar la dinámica de la información en los mercados, encaja con la esencia y razón de ser de los colegios profesionales. La implantación del ‘Servicio de atención a los consumidores y usuarios’, o el establecimiento de consulta en sus páginas web sobre los profesionales que están colegiados, sitúan a las entidades colegiales en una posición adelantada y propicia para seguir profundizando en una mayor interacción y recogida de datos.

Ejemplo de ello, sería un mayor nivel de detalle sobre los niveles de experiencia, formación, especialización o cercanía de los profesionales para una mejor decisión de los clientes o pacientes. Asimismo, la propia interconexión y contrastación de datos entre las distintas profesiones podría proporcionar una mayor rapidez en detectar nuevas casuísticas que afectaran a algún colectivo social ya sea en temas jurídicos, sanitarios o tecnológicos. Las posibilidades y potencial están abiertos…

Recuperar la confianza como consumidores (y ciudadanos)

Imagen: Miguel Brieva
 

Cuando la confianza se quiebra, ¿cómo hacer para recuperarla de nuevo? Ante la evidencia de una burbuja económica como la inmobiliaria, y sus dramáticas consecuencias, ¿qué puede hacer la sociedad civil para exigir justicia? Y el consumidor, que también es ciudadano ¿cómo puede volver a confiar en un mercado que se revela ventajista?

Los profesionales son aquellos que saben del contexto y pueden orientar, asesorar, educar sobre el sistema en el que nos ha tocado aprender a desenvolvernos. Para ello, algunas de las instituciones que los representan, como es  en este caso del Consejo General del Notariado, se han decidido por la divulgación. En este caso, los notarios han editado un documento, una guía con el fin de advertir sobre las gestiones iniciales que son recomendables realizar antes de comprar un inmueble y sobre las ventajas de hacerlo ante notario y en escritura pública. Esta guía también informa al consumidor sobre pautas relevantes en materia de préstamos hipotecarios, cláusulas abusivas o gastos derivados, por ejemplo.

En esta línea de asesoramiento también encontramos al Colegio de Registradores, con su Servicio Registral de Protección a los Consumidores, especialmente centrado en cancelación de hipotecas, así como la Guía para la compra de una vivienda en España, accesibles ambos desde su web. El Consejo General de la Abogacía (CGAE), por su parte, lleva desplegando por la geografía española sus Oficinas de Asesoramiento e Intermediación Hipotecaria y, junto al Consejo de Trabajadores Sociales, trabajan para encontrar alternativas al desahucio.

Mercado Único de Crédito Hipotecario

El Consejo de la Unión Europea, reunido en formación ECOFIN, adoptó el pasado febrero la esperada Directiva sobre crédito hipotecario, instrumento necesario en la pretensión de crear un mercado único de crédito hipotecario, aplicable a todos los préstamos hechos a consumidores con el propósito de comprar un hogar y también a aquellos créditos garantizados con una hipoteca o similar en toda la UE. El objetivo es nítido, y entronca con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, más concretamente con el Artículo 25 —aquel que nos recuerda que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, tanto a ella como a su familia, la salud, el bienestar y, en especial, el vestido, la vivienda, la asistencia médica…”—, tal y como recordamos, hace ya un año, en la revista Profesiones.

Es por esto que subrayamos la importancia de que una normativa europea se preocupe por “asegurar que los mercados hipotecarios operan de manera responsable, incrementando la protección al consumidor y contribuyendo a la estabilidad financiera”. Una normativa pensada para evitar las asimetrías informativas, y que ayudará, suponemos, a garantizar un derecho citado específicamente en Constituciones de miembros de la UE, incluida la nuestra: el derecho a un techo digno bajo el que poder realizarse. 

El consumidor ante el servicio profesional 'online'

La prestación de servicios profesionales en línea es un hecho. Bien es cierto que su extensión es aún incipiente y poco extendida. No obstante, como afirma el ICEX: «Los mercados electrónicos tradicionalmente se han asociado a un intercambio de productos físicos, pero han surgido numerosas propuestas de e-marketplaces centrados en el sector de los servicios profesionales».

El objetivo de esta novedosa forma de prestación es conseguir una mayor difusión entre los distintos perfiles y segmentos de los ciudadanos e instituciones y fomentar, por ende, la internacionalización de los profesionales. 

La necesidad de abrir nuevos mercados en nuestro país y más allá de nuestras fronteras,  apoyada en la reducción de los costes marginales que ofrece la tecnología, supone una oportunidad potencial de crecimiento. Sin embargo, también es imprescindible reflexionar acerca de la implicación de este tipo de prestación sobre la seguridad y el nivel de calidad que reciban los consumidores.

>> ¿La prestación online de un servicio profesional garantiza la suficiente confianza? 

La cuestión parece presentar dudas. La literatura económica clasifica al servicio profesional como ‘credence good’; es decir, un bien basado en la confianza según el cual el consumidor no puede comprobar con claridad -ex ante, durante, ni ex post- el nivel de calidad recibido. Esta situación, que es reconocible cuando un profesional presta un servicio a un cliente o paciente, podría ser más evidente si algún tipo de prestación se realiza a distancia por medios telemáticos. En este sentido, la confianza que perciben los consumidores como clientes y pacientes sobre la calidad y el nivel de atención que obtienen es la esencia que vertebra la relación que se establece con el profesional. Por ello, sería necesario articular mecanismos que pudieran verificar y suministrar la indispensable seguridad a los consumidores cuando decidan acudir a este tipo de prestación.

>> Legislación de protección al consumidor online y organizaciones colegiales

En esta misma línea, surge otra cuestión fundamental: ¿La legislación está avanzando a un ritmo parejo al de estas nuevas formas de intercambio y/o prestación? En este sentido, el Parlamento Europeo aprobó el 23 de junio del 2011, una Directiva sobre el derecho de los consumidores que introdujo un mayor nivel de protección para el consumidor en sus compras a través de Internet que supone un avance en esta área. No obstante, aún queda camino por hacer a la luz de la evolución del comercio electrónico; en el área de los servicios profesionales, las organizaciones colegiales tienen un cometido esencial en la labor de la protección al consumidor, así como en el mejor asesoramiento para aquellos profesionales que opten por lanzarse a la prestación de sus servicios online.

Financiación alternativa: llave para una recuperación sólida e inclusiva

La economía española se encuentra en un momento de impasse para confirmar si nos encontramos ante una verdadera recuperación. El consenso económico que marca el camino de la salida de una crisis sostiene que las exportaciones deben ser el primer motor capaz de generar ingresos y, por tanto, ahorro. Un ahorro que al transformarse en inversión productiva comienza a producir empleo neto y finalmente, hace remontar el consumo. Sin embargo, los datos no muestran solidez.

Desde el verano de 2013, el ritmo de las exportaciones se ha moderado, hasta crecer únicamente un 0,8% en el último trimestre del pasado año. La inversión descendió un 2,4% en el mismo período —debido al insuficiente ahorro y crédito—, mientras que la generación de empleo precario y localizado junto con la debilidad del consumo, invitan, en todo caso, a una recuperación desigual y demasiado lenta. Por ello, la cuestión esencial es como potenciar una recuperación sostenida y homogénea para la sociedad. 

Fomentar la financiación alternativa ante la restricción de crédito

Una de las claves de este cambio lo apuntaba ayer, Valenti Pich, presidente del Consejo General de Colegios de Economistas que centraba su artículo Financiación: cualquier iniciativa es bienvenida en fomentar la financiación desde distintos ámbitos ante la evidente restricción de crédito en la que nos encontramos. De esta forma, convenía a «aprovechar la oportunidad histórica en que nos encontramos para desarrollar en España mecanismos alternativos que reduzcan nuestra vulnerabilidad a posibles crisis crediticias». Y en concreto, señalaba que «un ejemplo claro de estas nuevas fórmulas lo constituye el crowfunding». 

Crowfunding y líneas ICO

En este sentido, desde Unión Profesional se apoyan y fomentan distintas formas y alternativas de financiación. Como ejemplo, la financiación basada en la cooperación colectiva fuera del circuito financiero como es el crowfunding que mencionaba Pich, el cual comprende distintos tipos de micromecenazgo, como las donaciones, sponsoring (publicidad a cambio de financiación), el préstamo de la ‘multitud’, etc. Una vía novedosa, surgida al calor de la autonomía que ofrece Internet, cuya regulación ya ha sido anunciada en Consejo de Ministros, abriéndose así el debate sobre su potencial desarrollo o aparente limitación. 

Por otro lado, el pasado 5 de marzo, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) organizó una jornada formativa para sus agentes colaboradores, entre los que estuvo presente Unión Profesional, con el fin de darles a conocer las nuevas líneas de financiación para este año. Un asunto de gran relevancia dentro de un contexto complejo, cuyo objetivo es atajar las dificultades en el acceso a la financiación actual y mejorar los canales y productos especializados destinados a los profesionales colegiados autónomos y empresas que prestan servicios profesionales. 

Nos encontramos, pues, ante un escenario económico que exige a los agentes sociales respuestas colectivas, rápidas y certeras que puedan desembocar en una verdadera recuperación inclusiva y proactiva para todos los segmentos de la sociedad. Las organizaciones colegiales, preocupadas y garantes del interés general de los ciudadanos juegan un papel esencial.

A mayor formación y competencias, menor desempleo cualificado y vinculado

Lo ratificaba una vez más el barómetro del CIS este miércoles: el desempleo vuelve a ser la principal preocupación entre los españoles en febrero con una subida del 2,6%. La EPA del cuarto trimestre del 2013 arrojaba un dato de paro del 26,03%, mientras que la Comisión Europea hacía público recientemente, en sus previsiones de invierno, que esta cifra se mantendrá en torno al 25% al menos, los dos próximos años.

Consciente de esta situación, desde Unión Profesional se ha desarrollado un estudio sobre el desempleo cualificado en España. ¿El objetivo? Reforzar el planteamiento basado en que una mayor y más avanzada cualificación produce un mayor índice de empleo tanto directo como vinculado. Una definición en la cual los profesionales colegiados tienen un papel protagonista.

¿Cuál es el detalle del desempleo en España? Mujeres y jóvenes, los grupos más vulnerables 

Si bien los desempleados con titulación universitaria presentan en España una tasa de paro del 16,19%, —un 10% menos que la tasa nacional— este porcentaje no es homogéneo si atendemos al sexo y edad. Así, los recién titulados en educación superior entre 25 y 29 años con una tasa de paro del 26,80% y las mujeres en la banda de 30 a 44 años con titulación superior con un paro del 17,24% notablemente superior al 12,28% que presentan los hombres con las mismas características, suponen los grupos más afectados dentro del desempleo cualificado en España. Cifras que se desprenden de la EPA del cuarto trimestre de 2013.

                                                Elaboración propia a partir datos EPA 4º Trimestre

Consecuencias: el 91% de los emigrantes recientes tiene titulación universitaria 

El flujo de emigración en nuestro país es un fenómeno creciente debido a la crisis. Si en el año 2008, emigraron 288.432 personas, el año 2012 cerró con la salida de 446.606 personas según la Estadística de Migraciones del INE. Pero además, según los últimos datos del primer semestre del 2013, el 32,16% de los emigrantes tenían entre 25 y 34 años y un 57% eran hombres. Si profundizamos en el perfil de los emigrados, los datos se tornan aún más preocupantes. El Real Instituto Elcano afirmó en noviembre del 2013 que el 91% de los emigrantes recientes posee una titulación universitaria y de ellos destaca que el 31% son de ingenierías, seguidos de un 17% con titulaciones de economía y empresa, un 8% en medicina y otros estudios sanitarios y un 8% en derecho, entre otros.

                                             Elaboración propia a partir datos Real Insituto Elcano

Potencial: las profesiones colegiadas generan empleo directo y vinculado 

Los profesionales son hoy en día, una verdadera palanca de crecimiento en términos económicos generando un valor social y de empleo. Si tomamos como referencia el estudio 'Impacto en la economía española de las profesiones colegiadas' elaborado por el Instituto de Estudios Económicos y Unión Profesional y, en consonancia, con distintas estimaciones más actuales podemos inferir que aproximadamente, por cada dos profesionales cualificados en empleo directo se genera un empleo vinculado.

En este sentido, las organizaciones colegiales juegan un papel fundamental en tanto en cuanto, una de sus finalidades es fomentar la función formativa a través de programas de formación continuada para los profesionales con un carácter más especializado, idóneo y promotor de nuevos campos generadores de empleo. Todo ello con el principal objetivo de generar una empleabilidad efectiva e igualitaria que se traduzca en una mejora en las condiciones tanto de acceso como ejercicio en el mercado laboral siendo copartícipes todos los grupos sociales.