miércoles, 26 de marzo de 2014

Recuperar la confianza como consumidores (y ciudadanos)

Imagen: Miguel Brieva
 
Cuando la confianza se quiebra, ¿cómo hacer para recuperarla de nuevo? Ante la evidencia de una burbuja económica como la inmobiliaria, y sus dramáticas consecuencias, ¿qué puede hacer la sociedad civil para exigir justicia? Y el consumidor, que también es ciudadano ¿cómo puede volver a confiar en un mercado que se revela ventajista?

Los profesionales son aquellos que saben del contexto y pueden orientar, asesorar, educar sobre el sistema en el que nos ha tocado aprender a desenvolvernos. Para ello, algunas de las instituciones que los representan, como es  en este caso del Consejo General del Notariado, se han decidido por la divulgación. En este caso, los notarios han editado un documento, una guía con el fin de advertir sobre las gestiones iniciales que son recomendables realizar antes de comprar un inmueble y sobre las ventajas de hacerlo ante notario y en escritura pública. Esta guía también informa al consumidor sobre pautas relevantes en materia de préstamos hipotecarios, cláusulas abusivas o gastos derivados, por ejemplo.

En esta línea de asesoramiento también encontramos al Colegio de Registradores, con su Servicio Registral de Protección a los Consumidores, especialmente centrado en cancelación de hipotecas, así como la Guía para la compra de una vivienda en España, accesibles ambos desde su web. El Consejo General de la Abogacía (CGAE), por su parte, lleva desplegando por la geografía española sus Oficinas de Asesoramiento e Intermediación Hipotecaria y, junto al Consejo de Trabajadores Sociales, trabajan para encontrar alternativas al desahucio.


Mercado Único de Crédito Hipotecario

El Consejo de la Unión Europea, reunido en formación ECOFIN, adoptó el pasado febrero la esperada Directiva sobre crédito hipotecario, instrumento necesario en la pretensión de crear un mercado único de crédito hipotecario, aplicable a todos los préstamos hechos a consumidores con el propósito de comprar un hogar y también a aquellos créditos garantizados con una hipoteca o similar en toda la UE. El objetivo es nítido, y entronca con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, más concretamente con el Artículo 25 —aquel que nos recuerda que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, tanto a ella como a su familia, la salud, el bienestar y, en especial, el vestido, la vivienda, la asistencia médica…”—, tal y como recordamos, hace ya un año, en la revista Profesiones.

Es por esto que subrayamos la importancia de que una normativa europea se preocupe por “asegurar que los mercados hipotecarios operan de manera responsable, incrementando la protección al consumidor y contribuyendo a la estabilidad financiera”. Una normativa pensada para evitar las asimetrías informativas, y que ayudará, suponemos, a garantizar un derecho citado específicamente en Constituciones de miembros de la UE, incluida la nuestra: el derecho a un techo digno bajo el que poder realizarse. 

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