Vender un despacho o local profesional con la nueva reforma fiscal

Uno de los puntos más polémicos que nos deja la reciente aprobada reforma fiscal es el tratamiento que recibirán las ganancias y pérdidas patrimoniales. Es decir, por ejemplo, cuando un profesional venda su despacho deberá prestar atención a como calcular la ganancia patrimonial que finalmente tendrá que tributar. Hasta ahora, podíamos aplicar dos beneficios fiscales, los coeficientes correctores de inflación y los coeficientes de abatimiento. Pero a partir del 1 de enero del 2015, los primeros desaparecen, mientras que los de abatimiento quedarán limitados. ¿Cómo afectará esta situación a los profesionales? Unión Profesional ha elaborado un documento que pretende mostrar esta y otras cuestiones.

Cambios en el cálculo de la ganancia patrimonial sujeta a tributación 

Con la reforma fiscal, cuando vendamos un despacho, que no sea el propio o principal en el que desarrollamos nuestra actividad, una vez empiece 2015; en primer lugar, ya no podremos seguir aplicando los denominados coeficientes de corrección monetaria (provenientes del Impuesto de Sociedades) sobre el precio de compra si fue antes del 31/12/1994 para corregir el efecto de la inflación. Y en segundo lugar, para aplicar los coeficientes de abatimiento habrá un límite de 400.000 euros en el valor de venta del despacho o en conjunto con otros elementos patrimoniales. Se trata así, de una reducción de los beneficios fiscales.

¿Cómo opera esta nueva situación?: Cantidad de ganancia patrimonial sujeta a tributación

• Trabajemos con un ejemplo: 

Supongamos que adquirimos nuestro despacho el 10/04/1.992 por un valor 100.000 euros (16.638.600 pesetas de la época) y lo venderemos el 22/01/2.015 por un valor de 250.000 euros. Con lo que nuestra ganancia patrimonial bruta sería de 150.000 euros. 

- En primer lugar, calcularemos el porcentaje que supone el periodo, en número de días, desde la fecha de compra hasta el 20/01/2.006, (fecha límite que establece la ley 26/2014 de IRPF para aplicar coeficientes de abatimiento), sobre el número de días que el despacho haya estado en nuestro patrimonio. Es decir, el número de días desde la fecha de compra hasta la fecha de venta. El primer periodo llega hasta 5.022 días (13 años x 365 días + 255 días de 1.992 + 19 días del 2006 y 3 días bisiestos), mientras, el segundo periodo, más extenso, llega 8.309 días (22 años x 365 días + 255 días de 1.992 y 5 días bisiestos). Hablamos así, de un porcentaje del 60,57%, o lo que el mismo, el peso de 5.022 días sobre 8.309 días. 

 - Este porcentaje lo aplicaremos sobre nuestra ganancia patrimonial bruta de 150.000 euros y obtendremos la cifra de 90.855 euros. Por lo tanto, esta será la cuantía sobre la que podamos aplicar coeficientes de abatimiento. El resto, hasta los 150.000 euros, 59.145 euros, tributará normalmente en la base liquidable del ahorro. 

- Por último, para saber cuánto 'abatiremos' la cantidad de 90.855 euros, primero deberemos calcular el periodo de permanencia (en años y por exceso) del inmueble en el patrimonio del sujeto pasivo con límite en el 31/12/1.996 respecto a la fecha de compra del despacho. En nuestro ejemplo, serían 5 años, a los que habría que quitar dos como marca la ley. De modo que por cada año, abatiríamos la cantidad de 90.855 euros un 11,11%. En total, un abatimiento del 33,33% al ser solo tres años, 30.281,97 euros. Con lo cual, quitaríamos esta cuantía a los 90.855 euros, hasta dejarla en 60.573,03 euros. Cifra a la que habría que sumar los 59.145 euros que anteriormente dijimos no estaban sujetos a coeficientes de abatimiento. 

- Con lo que en total, nuestra base liquidable del ahorro llegaría a 119.718,03 euros, que tributarían de la siguiente forma: Tributarán a un 20% los primeros 6.000€, un 22% entre 6.000,01€ y 50.000€ y a un 24% que supere esta cifra. Ya en 2016, las tributaciones serán del 19%, 21% y 23%, respectivamente, frente, 21, 25, y 27% actual. 

¿Mayor tributación? Dependerá de la cuantía, lo que es evidente es la simplificación del régimen fiscal al eliminar el beneficio fiscal del coeficiente de actualización y limitar la aplicación del coeficiente de abatimiento... 

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Economía colaborativa: ¿nuevo modelo o parche del actual?

 «No existe una mejor prueba del progreso de una civilización que la del progreso de la cooperación». John Stuart Mill 

¿Se trata de un nuevo modelo económico?, ¿un movimiento social y cultural definido? o, quizás, ¿es una respuesta generada por el propio sistema económico para mercantilizar todos nuestros bienes y servicios?. 

Estas y otras cuestiones fueron planteadas y debatidas el pasado jueves en el seminario 'Economía colaborativa de consumo' que albergó el Congreso Nacional de Medio Ambiente 2014 (CONAMA). El consenso de este fenómeno se encuentra en que «empodera al consumidor», como afirmó Amaya Apesteguia, responsable del área de consumo colaborativo de la OCU, que incidió además en las nociones de «comunidad y confianza» como sus bases. Una apreciación que dimensiona al consumo colaborativo como un revitalizador de las lazos ciudadanos al actuar como «pegamento social» o bonding, así como de manera transversal al generar vínculos o 'tirar puentes' entre distintos grupos sociales que a priori no tendrían conexión, es decir, bridging, como sostuvo, Carmen Valor, profesora de la Universidad Pontificia Comillas. No en vano, se hizo alusión al I Congreso Internacional de Economía Social y Solidaria celebrado en Zaragoza la pasada semana y cuya conexión con la economía colaborativa reside en tejer la cohesión social y la sostenibilidad. No obstante, en palabras de Apesteguia el consumo colaborativo, como «movimiento social y cultural», presenta una serie de riesgos y desafíos, ¿cuáles son?

Retos de la economía colaborativa 

• El gran núcleo de las críticas que recibe la economía colaborativa se encuentra en asignar qué modo de regulación sería el más apropiado para marcar las líneas de actuación en materia de prosumidores (personas que ejercen de productores y consumidores al mismo tiempo), condiciones laborales o la seguridad de los datos personales. 

• Otra posible crítica se encuentra en diferenciar qué sectores y situaciones pertenecen a la economía colaborativa. Para ello, Carmen Valor recalcó que dentro de la economía colaborativa, es imprescindible «diferenciar entre lucro, gratificación y compartir costes». 

• Y de un modo más filosófico, se trataría de discernir si este modelo de economía colaborativa ha llegado para quedarse con entidad propia o, sin embargo, se trata de una mutación resultante en un «turbo capitalismo» como advirtió José Luis Fernández de la Cooperativa Garúa. Es decir, si la deriva de la economía colaborativa puede desembocar en un plena mercantilización de nuestra cotidianeidad, donde busquemos sacar rédito económico a todos nuestros conocimientos y posesiones dejando en un segundo plano el sentido de compartir y contribuir a un modelo más razonable en el consumo de recursos. 

Consulta pública sobre economía colaborativa de la CNMC

Tal es la preocupación o interés, que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto en marcha un proceso de consulta pública sobre el consumo o la economía colaborativa con el objetivo de lograr un «desarrollo regulatoriamente eficiente», en dos sectores muy concretos: 

1. Sector del transporte urbano e interurbano de viajeros por carretera 
2. Sector del alojamiento vacacional

La consulta que consta de tres fases: objetivos públicos que persigue la regulación pública; efectos de los nuevos modelos económicos sobre el mercado y la regulación; nuevos modelos y regulación, ya ha completado la primera y recaba información hasta el 13 de enero del 2015 para la segunda fase que se centrará en los efectos de la economía colaborativa en los consumidores y el interés general.

Sin duda, la economía colaborativa seguirá dando que hablar, ¿nuevo modelo o alternativa temporal?

El Parlamento Europeo celebra un seminario sobre el Tratado Transatlántico entre EE.UU. y la UE

Falta de transparencia, márgenes difusos en los avances de las negociaciones y preocupación sobre los estándares de seguridad. Son, glosadas, las principales polémicas que comienzan a tener repercusión social y que pudieron comprobarse el 17 de noviembre en la sede del Parlamento Europeo en España donde tuvo lugar el seminario 'Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión - El Parlamento Europeo decide'. Basta, con echar un vistazo al hashtag #PEdecideTTIP que logró ser tendencia en Madrid. La jornada, necesaria por razones obvias, dejó unas conclusiones preliminares sobre las que conviene reflexionar. 

• Falta de transparencia

 «Los asistentes a este seminario destacan la importancia de la transparencia de las negociaciones y el debate plural, y, especialmente, las organizaciones sindicales reclaman diálogo social. Se ha criticado el acceso limitado a la documentación de las negociaciones del tratado». 

Se trata de la primera conclusión y más característica que dejó el seminario. El foco esencial de las críticas se relacionó con el Mandato del Consejo de la Unión Europea en el que establece las directrices de negociación sobre las que transitar. Un documento que estaba listo el 17 de junio del 2013 y que no ha sido hecho público hasta el 9 de octubre del 2014, si bien, fue filtrado. No obstante, Jochen Müller, analista político de la Comisión Europea, incidió en que se trata de una de las negociaciones comerciales que han tenido una mayor difusión hacia los estamentos sociales. 

• Márgenes de las negociaciones 

«El debate pone de manifiesto que el mecanismo de resolución de conflictos (ISDS) es uno de los asuntos que más controversia y rechazo provocan, entre ellos el grupo socialista, los sindicatos y gran parte de la sociedad civil. Todavía no está decidida su inclusión definitiva en el tratado, a la espera de la consulta ciudadana, y, en cualquier caso, se propone un método nuevo que evite abusos por parte de las empresas y proteja la libertad de los Estados para legislar». 

Santiago Fisas, eurodiputado por el Partido Popular Europeo, fue uno de los ponentes del seminario que se mostró más favorable a la implementación del ISDS, «aunque con limitaciones». Al igual que Inmaculada Rodríguez-Piñero, eurodiputada por los Socialistas y Demócratas que, incluso, fue más allá al afirmar que «no tendría que ser necesario». Asimismo, destacó como una de los temas a abordar en las negociaciones «el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales para llevar a cabo, por ejemplo, asuntos de contratación pública». 

• Preocupación sobre los estándares de seguridad 

 «Los participantes en el seminario ponen de manifiesto los resultados de los distintos estudios sobre la repercusión del tratado, que van desde positivas perspectivas de crecimiento a conclusiones que alertan sobre pérdida de empleos». 

Como puso de manifiesto, Florent Marcellesi, portavoz de Equo en el Parlamento Europeo, «también deben ser tenidos en cuenta diversos estudios que plantean otros impactos de carácter económico que tendrían un signo negativo». Por ejemplo, como el estudio publicado por la Universidad de Tufts en EE.UU., que sostiene, entre otras argumentaciones, una reducción aproximada de 600.000 empleos en la UE con especial incidencia en los servicios, de aprobarse el TTIP. 

En definitiva, estamos ante unas negociaciones de gran envergadura política y económica que, hasta el momento, avanzan más rápido que el procesamiento y alcance social debido, fundamentalmente a un grado de transparencia insuficiente que limita el poder de reacción de la sociedad civil. La próxima ronda negociación del TTIP que está prevista para el mes de enero del 2015 ofrece una nueva oportunidad para mejorar la interacción de la UE con los ciudadanos.

Los profesionales se mantienen en el alambre del empleo

Lo ratificó esta martes la Comisión Europea: En España «se espera que la actividad económica se desacelere algo en la segunda mitad del año». Así concluye en su informe de Previsiones Macroeconómicas de otoño para la Eurozona y la Unión Europea. Una previsión que engarza con los datos de afiliación y desempleo de octubre, publicados también esta semana, los cuales reflejan una clara disminución en el ritmo de creación de empleo y en el aumento del paro por tercer mes consecutivo que, en conjunto, han dirigido 112.796 personas más a apuntarse a la lista de los que buscan trabajo.

A nivel europeo, el parón económico parece ocupar cada vez más las mentes de los dirigentes y ayer, Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE) anunció «de forma unánime el compromiso de usar estímulos adicionales si son necesarios» en un intento por disipar las dudas y la rigidez en la actuación del organismo. Por ello, dentro de esta atmósfera de nubes recesivas, destaca como las profesiones, no sin dificultades, mantienen una cierta fortaleza en la generación de empleo. 

• Sostenimiento del empleo en las actividades profesionales

En este sentido, si observamos el número de afiliados al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) de octubre, el 78,6% de las altas fueron realizadas en las categorías de actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades sanitarias y de servicios sociales; y educación. Pero además, en el último año (entre octubre del 2013 y del 2014), el 32% (26.216) de los nuevos autónomos son profesionales, científicos, técnicos, sanitarios y sociales. Es decir, 3 de cada 10. Una evolución positiva, aún con matices, pero sostenida. 

No obstante, en cuanto a los elementos que la CE expone en su informe para sustentar un cierto repunte de la economía para los años 2015 y 2016 no dejan ser ya agotados en su recorrido o excesivamente repetidos. Por ejemplo, que la ocupación tenderá a aumentar «debido a la continuidad de la moderación salarial y solo modestos incrementos de los costes laborales unitarios» —y aún así, vaticina un paro del 22,2% en el 2016— o, que las condiciones en el acceso a la financiación mejorarán. Por otro lado, también sostiene que la deuda pública seguirá su progresión por encima del 100% sobre el PIB. 

Precisamente, en materia fiscal, el Consejo General de Economistas, ha celebrado ayer y hoy, las Jornadas Tributarias, donde se han abordado desde una perspectiva crítica y técnica como nos afectará y podemos afrontar todos los aspectos relacionados con la reforma fiscal anunciada por el gobierno para el año 2015. 

Mientras, el nivel de cobertura por desempleo sigue cayendo, en concreto, un 57,07% de los parados no percibe ninguna prestación, un 6,0% menos que hace año. Por ello, las políticas de carácter social que reduzcan el nivel de precariedad y fomentan planes de inclusión laboral deben ser absolutamente prioritarias.

Los profesionales en la lucha contra la precariedad social

El escenario macro de estos días vuelve a mostrarnos que el vigor tan traído y llevado de la recuperación económica no es tal. Si el PIB se ralentizó hasta un tímido avance del 0,5% en el tercer trimestre respecto al segundo, en el que se supone mejor época para el empleo, el dato de inflación adelantada de octubre volvió a quedarse por cuarto mes seguido en negativo con un -0,1% anual. Es decir, el consumo no tiene suficiente confianza y capacidad lastrada además, por la excesiva moderación salarial. Un camino deflacionista que se confirmaría técnicamente en diciembre si el nivel de precios continua en tasas negativas. 

Pero el análisis de los datos no debe desconectarnos de la realidad social que reflejan y que nos sacude. La evidencia esta semana era publicada por un informe de Unicef al alertar de la pobreza infantil en nuestro país, que en el periodo entre 2008 y 2012, deja 800.000 niños más en situación de carestía.

¿Cómo remediar esta situación? 

Uno de los motivos que está reduciendo el impacto de la crisis y que sirve de red es la labor de miles de profesionales que cada día ejercen en sus diferentes ámbitos. Por ejemplo, desde los trabajadores y educadores sociales que, entre otras funciones, detectan y se ocupan de mejorar las problemáticas de la sociedad y trabajan por la integración de colectivos en riesgos de exclusión con herramientas formativas, respectivamente. También, los abogados que con el turno de oficio o en su especialización en materia de desahucios ofrecen un soporte social importante. 

Mientras, se hace imprescindible dar un giro en las expectativas del mercado laboral. El Observatorio de Innovación en el Empleo señalaba recientemente en un informe que dentro de «los universitarios de Humanidades: un 89% cree que no conseguirá un puesto relacionado con su titulación. Las carreras relacionadas con la administración de empresas y las ingenierías recogen las cifras más bajas y, aún así, rondan el 75%».

El panorama, por tanto, exige más acción e implicación desde todos los estamentos de la sociedad civil con el fin de acabar con la precariedad social existente. En este sentido, existe un gran potencial de tejido profesional comprometido dentro del país que junto con las organizaciones colegiales tienen mucho que decir con su actividad cotidiana y fundamental de servicio a las personas.

Bajas temerarias: pobreza para los profesionales e inseguridad para los ciudadanos

Existe un fenómeno creciente basado en el criterio con el que las administraciones gestionan las adjudicaciones públicas. Nos referimos a las bajas temerarias, asunto agudizado por la crisis que empieza a cobrar especial relevancia y cuya explicación radica en el siguiente proceso: «las administraciones públicas cada vez convocan menos concursos debido a la falta de dinero para inversión; a los pocos que hay, se presentan cada vez más empresas; y las compañías ajustan los precios todo lo que pueden»1.

Por un lado, los entes públicos defienden este método de contratación, pero por otro, los profesionales comienzan cada vez más a denunciar que estas bajadas temerarias en los precios para obtener las adjudicaciones pueden atentar seriamente contra la calidad y la seguridad de los ciudadanos. Precisamente, el 15 de octubre, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Cantabria (CICCP) organizaba una jornada al respecto, titulada Consecuencias de las actuales bajas en la contratación pública: ¿ventaja competitiva o temeridad?. 

• Problemática social y económica debido a las bajas temerarias 

El mecanismo es sencillo. Por ejemplo, cuando una administración saca a concurso un proyecto público con un precio de licitación tasado en 200.000 euros, las empresas que se presentan compiten hasta que una de ellas ofrece el precio más bajo y se hace con la adjudicación. ¿Cuál es la cuantía de estas bajadas?, «la media supera el 35%» según Enrique Conde Tolosa, decano del CCIP. Además, señaló a modo de conclusión de la jornada que «las bajas actuales no son el camino adecuado para ahorrar, sino que son destructivas para el tejido empresarial y para los trabajadores, que hay que hacer algo y nuestros responsables políticos deben reflexionar y buscar una solución de manera conjunta con los profesionales»2. Sin embargo, uno de los argumentos más repetidos desde los entes públicos es que adjudicar con una mayor ponderación el precio más bajo, libera de recursos monetarios para invertir en otras áreas, algo que finalmente apenas sucede. En cualquier caso, esta política sesgada, implica una serie de riesgos que los profesionales comienzan a rechazar por dos motivos fundamentales: conlleva menor seguridad para los ciudadanos y degrada las condiciones laborales y de ejercicio.

Si pensamos en la ejecución de una serie de infraestructuras públicas caracterizada por una reducción de costes por debajo del nivel de mercado que no cumplan o apenas rayen las mínimas condiciones de calidad nos enfrentamos a una serie consecuencias:

• Un probable mayor coste de ejecución que sobrepase el precio de adjudicación. (En ocasiones el precio adjudicado no cubre los mínimos pactados de realización en la práctica.)

• Mayor mantenimiento a lo largo del tiempo de esas infraestructuras con implicaciones sobre la seguridad.

• Riesgo de menor independencia de criterio de los profesionales en la realización si están sujetos por régimen asalariado. 

Por otro lado, no debemos olvidar que la falta de oportunidades laborales puede generar incentivos para prestar servicios profesionales por debajo del precio de mercado en situaciones de necesidad. En este sentido, desde la sociedad civil debería emanar el criterio de equilibrio que contemplara no solo el precio sino también los elementos cualitativos y de seguridad que entrañan. La labor de las organizaciones colegiales en este campo es primordial y debería estar más presente.

• Conexión con pobreza

Esta situación conlleva asimismo una asociación a pobreza. Un tema que fue tratado recientemente, por Ana I. Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social en la conferencia celebrada en la Comisión Europea, El Objetivo Europeo 2020 sobre pobreza, donde abogó por la necesidad de una coordinación entre política social y política fiscal (recogido en la revista Profesiones 151).

Igualmente, el propio Consejo Económico y Social (CES) junto con los CES del sur de europa, coordinará el Informe conjunto sobre la lucha contra la pobreza y la exclusión social en la región euromediterránea que responde al llamamiento de tomar medidas concretas para reducir la pobreza con especial incidencia en la educación y la mejora al acceso a infraestructuras y servicios básicos. Por tanto, continuar con este tipo de políticas —bajas temerarias, menor inversión pública, etc.— en la administración pública contribuirá a seguir en este bucle de precarización en la situación de los profesionales y pauperización en los servicios e infraestructuras públicas. 

Mientras, los efectos ya se dejan notar de acuerdo al decano del CICCP, Enrique Conde: «las empresas pierden competencia profesional, capacidad económica y calidad técnica, además del retroceso en las condiciones laborales de los trabajadores».

Notas al pie: 

1. El Diario Montañes, pág 6; 16/10/2014

2. El Diario Montañes, pág 26; 21/10/2014 

Imagen. Larepublica.co

El 'Internet de las Cosas' como fuente de empleo en España

Últimamente, se suceden más a menudo estadísticas, informes y noticias sobre la actual coyuntura económica y de su más que probable deterioro. Al estancamiento europeo encabezado por Alemania y Francia, durante esta semana, en clave nacional hemos sabido que el 12,3% de los trabajadores se encuentran por debajo del umbral de la pobreza según un informe de la Fundación 1º de mayo. Además, la morosidad continúa su avance y escaló en agosto a su mayor cota con un 13,25% de acuerdo al Banco de España, asunto que ha causado desde el 2008, la desaparición de más de 400.000 empresas conforme a un estudio de EAS Business School. Todo ello contribuye a profundizar aún más en la triplicidad de la desigualdad: de renta, de riqueza y de oportunidades, que señaló recientemente el experto Mohamed A. El -Erian. 

¿Cuáles son las alternativas? Jeremy Rifkin, economista estadounidense, con el que la revista Profesiones pudo estar en el contexto de la presentación de su libro, La sociedad de coste marginal cero, propuso algunas. 

- De este modo, dedicó una intervención especial sobre la situación de la economía española y que soluciones podrían adoptarse para impulsar de manera estable el empleo: 

«Me gustaría dedicar unas palabras al tema del empleo en España, que es preocupante en especial y que, en los próximos años, será de vital importancia en el marco de los temas que estamos abordando. En España hay millones de jóvenes desocupados, viviendo con sus padres hasta edades avanzadas, lo que supone un desastre para la economía y la sociedad del país. Sin embargo, esta situación permite introducir cambios revolucionarios que serían más difíciles si todo el mundo estuviera ocupado, anclado a un tipo de empleo y usos que en muchos casos está desfasado. En Madrid, por ejemplo, debería haber una inversión en acondicionar edificios para las energías renovables, lo que podría ocupar a muchos trabajadores y renovar industrias. Ya se está haciendo en Alemania». 

- Logística, transporte y arquitectura como las grandes áreas beneficiadas en generación de empleo con el desarrollo del Internet de las Cosas: 

«Asimismo, para que el Internet de las Cosas sea posible se hará precisa una capilaridad enorme, que exigiría inversión en mano de obra y materiales para tirar miles de kilómetros de cable especial e infraestructura. Los sensores inteligentes en las autopistas igual, requerirían trabajadores. Logística, transporte, arquitectura, podrían verse beneficiadas de este futuro planteado, y también las personas que contribuyan a esos cambios materialmente. Se dice que no hay dinero, pero sí lo hay sin embargo en España, como en otros países, en mantener enormes infraestructuras que ya no son operativas, no generan beneficios sino solo gastos. Ahora, para impulsar estos cambios se precisa un liderazgo social y político tan renovado como el de estas infraestructuras y energías. En Francia ya se está haciendo en regiones pobres, sometidas a inversiones públicas y la intervención de grandes empresas privadas para cambiar el paradigma socioeconómico». 

- Además, Rifkin también advirtió sobre los riesgos de la inacción social y política junto con el rápido avance del cambio climático: 

«También puede no hacerse nada, como en España, y eso puede traer como consecuencia la desesperanza y el cinismo. Por no hablar del cambio climático, problema ya insoslayable, y que tiene mucho que ver con el uso responsable de las energías. Teniendo en cuenta que el cambio climático, como he podido investigar personalmente, está avanzando a una velocidad mucho mayor de lo esperado, muy preocupante, se convierte en prioridad absoluta la economía del coste marginal cero, en la que se recicle, se comparta. Por tanto, lo que os cuento no solo es posible, se está apostando en algunos lugares por ello, sino que también es necesario, la única opción. Cuando hablo con grandes empresarios, ya les aviso de que no pueden seguir manteniendo el mismo sistema capitalista como está, porque ellos también sufrirán las consecuencias antes o después, es inasumible».

El potencial de las profesiones para reducir el desempleo de larga duración

Los riesgos vuelven a estar al alza. Esta semana, diversas instituciones de la esfera nacional e internacional nos han puesto sobre aviso de que la recuperación no solo no es vigorosa —asunto evidente—, sino que se desliza a un estancamiento de tintes crónicos. A la problemática asociada a la extensión del ébola, de la cual el presidente del Banco Mundial ha afirmado que en España «ya está teniendo consecuencias económicas», se sumaron las conclusiones vertidas por el FMI.

En su informe de 'Estabilidad financiera mundial', sostuvo que «el 70% de la banca europea no está preparada para prestar crédito adecuado». Por otro lado, en sus 'perspectivas de la economía mundial' apuntó que España crecerá un 1,3% este año y un 1,7% en el 2015.

No obstante, la otra cara del informe pasó desapercibida, ya que estas previsiones están sujetas a la evolución de la zona euro cuyo riesgo de entrar en recesión ha subido a un 40% y a un 30% en el caso de la deflación. España no es ajena a ello, y la elevada posibilidad de entrar en un largo periodo deflacionario solo está por debajo de Grecia y es comparable al 2009, año de mayor caída de la crisis. En el ámbito doméstico, Asempleo, en su Avance del mercado laboral, corroboró que existen «señales de desaceleración».

• Por tanto, ¿qué pueden aportar los profesionales para luchar contra esta situación? 

El informe de Asempleo, reconoce asimismo que en términos interanuales, las actividades profesionales y la educación, entre otras, siguen siendo las principales ramas de actividad que sustentan los aumentos de la afiliación. Una capacidad que pudimos observar en los datos de empleo referentes al mes de septiembre. Sin embargo, dentro del desempleo destacó, el gran foco a subsanar: «la proporción de parados de larga duración —más de un año— es del 62,4%, mientras que la probabilidad de encontrar empleo para individuos de este colectivo (a un trimestre vista) es del 6,7%». Es decir, hablamos de un paro estructural cifrado en 3,5 millones de personas. 

En este sentido, las profesiones colegiadas tienen un específico efecto arrastre sobre la creación de empleo vinculado. En el estudio desarrollado en Unión Profesional, Análisis del desempleo cualificado en España: Factores explicativos de la necesaria formación continuada se concluye que por cada 2,3 profesionales se genera un empleo vinculado. Un ratio que se fundamenta en la función formativa de carácter continuado que ofrecen las organizaciones colegiales.

Pero además, en materia de financiación aún queda mucho por hacer. Alternativas de micromecenazgo como el crowdfunding deben tener un papel más principal como instrumento de emprendimiento para los profesionales. En esta línea, se pronunció la pasada semana el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, cuando se aprobó el proyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial. Una legislación que distinguirá entre inversores acreditados, los cuales no tendrán limitación en aportación de capital, e inversores no acreditados (o particulares) que no cumplan determinados requisitos, a los que se asignará un límite de 3.000 euros en la participación por proyecto y 10.000 euros en el agregado de plataformas. De su puesta en práctica se determinará si tiene los efectos positivos deseados...

Los profesionales encabezan el crecimiento del empleo autónomo en septiembre

Los datos de afiliación en el mes de septiembre 'salvaron los muebles' al mostrar un discreto avance en términos agregados. 12.182 personas se sumaron a los actuales 16.661.703 afiliados en España. Un incremento del 0,07% mensual que sigue sin despejar las dudas sobre el patrón de crecimiento estable ansiado por la sociedad y que deja un margen de inacción en el rumbo de política económica para establecer las bases sobre las que se absorba el elevado desempleo estructural. 

De nuevo, terreno de incertidumbre abonado, en esta ocasión, por el vuelco en la composición de los sectores generadores y destructores de empleo. El 84,6% de las nuevas afiliaciones al Régimen General fueron creadas por la educación, las actividades administrativas y el régimen especial agrario (107.819 altas). Por el contrario, las actividades sanitarias y de servicios sociales y, especialmente, la hostelería y el comercio aglutinaron el 72,5% de la caída del empleo (85.669 bajas). Un comportamiento repetido en las afiliaciones de autónomos, donde de igual forma, la hostelería y el comercio supusieron el 98,5% de las 2.687 bajas en septiembre. 

Se trata, por tanto, de un cambio significativo y recurrente tendencialmente por estas fechas que vuelve a evidenciar la gran estacionalidad de los sectores vinculados al turismo que han protagonizado la tímida recuperación hasta ahora y que, desde luego, no ayuda al incipiente problema de deflación al que nos dirigimos. 

• 3 de cada 10 nuevos autónomos en el último año son profesionales liberales 

En el ámbito de las profesiones, la noticia más destacada se ha producido dentro del Régimen de Autónomos (RETA). El 48% de las nuevas afiliaciones en septiembre correspondió a las actividades profesionales, científicas y técnicas junto con las actividades sanitarias y de servicios sociales. Unos datos que en términos anuales toman mayor solidez y es que en los últimos 12 meses, más de 25.000 profesionales se han dado de alta como autónomos, lo que supone el 31,3% de total de altas en el RETA. 

Es decir, 3 de cada 10 nuevos autónomos en el último año son profesionales, científicos, técnicos, sanitarios y sociales. No obstante, la afiliación al régimen de autónomos merece prudencia en su análisis ya que no siempre es señal inequívoca de buena marcha del empleo. De hecho, puede significar en algunos casos un cambio forzado en la condición laboral de aquellos que trabajando por cuenta ajena se ven forzados a ejercer como 'falsos autónomos'. 

Octubre y noviembre presentarán, probablemente, una tendencia similar en el mercado laboral, con un crecimiento europeo anclado que seguirá limitando nuestras exportaciones. Fiar la recuperación a una demanda interna que sigue sin ejercer presión sobre los precios debido a la escasez y el perfil de empleos generados parece bastante arriesgado. En cualquier caso, los datos reafirman que los profesionales pueden contribuir a cambiar esta dinámica al ser actores principales en la generación de tejido socioeconómico.

Organizaciones colegiales: más protagonistas en el diálogo social

«Un diálogo social fluido puede ser la base de cambios necesarios para fortalecer la recuperación» 

El modelo de ganancia de competitividad, vía costes apoyado en la bajada salarial, ha tocado fondo en España para la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Así se desprende de su último informe titulado España: crecimiento con empleo presentado el lunes 29 de septiembre en el Consejo Económico y Social (CES) con la presencia de los sindicatos y la patronal. 

Es decir, la recuperación está perdiendo impulso y está surcando peligrosos cauces en el modelo de desarrollo económico. Según el informe, «esta recuperación no bastará para evitar una caída importante de las tasas de participación —en el mercado laboral— ni para limitar la emigración de población cualificada». Asimismo, a este ritmo, «no será hasta 2023 cuando el empleo recuperaría el nivel del 2007». Una situación, la de aquel año, a la que «tampoco sería deseable volver dados los desequilibrios que ya se acumulaban» como manifestó en la sesión Guy Rider, Director General de la OIT. 

Por ello, entre las propuestas que expone el organismo internacional prioriza una mejora del acceso al crédito para las Pymes; fomento de la inversión productiva, que ha caído del 30,7% sobre el PIB en 2007 al 17,7% en 2013; más políticas activas del mercado de trabajo; ampliación del alcance de los programas de formación a desempleados y, sobre todo, mejorar la cobertura de los trabajadores a través de convenios sectoriales de calidad para evitar la exclusión laboral cada vez más presente. No en vano, el 60% de los desempleados lleva más de un año fuera del mercado laboral y un 43% más de dos años. Es decir, un desempleo estructural, camino de convertirse en crónico. 

En definitiva, medidas propuestas que convergen en la necesidad de un profundo y más desarrollado diálogo social de las instituciones representativas de la sociedad que sean capaces de canalizar las grietas y problemáticas de nuestro modelo de convivencia.

Colegios profesionales, claves en la geometría de la sociedad 

Como bien describe el informe de la OIT, «el diálogo social aporta el medio institucional para enfrentar los problemas ocasionados por la crisis, y facilita el consenso sobre los programas y las medidas de reforma destinadas a frenar su coste social». Las organizaciones colegiales contribuyen con su labor a una mejor y más rápida interpretación del mercado de servicios profesionales ofreciendo la necesaria seguridad a los ciudadanos y asesoría a los profesionales. Funciones características de los colegios que configuran un peso específico en la geometría social del país y que deberían estar más presentes cuando se trata de abordar la crisis económica tanto para mejorar las condiciones laborales de los profesionales, como para proteger a la ciudadanía. 

Precisamente, la OIT considera que la creación de un órgano tripartito de monitoreo laboral y social sería beneficioso al proporcionar directrices de actuación en función de las necesidades de estos aspectos. Iniciativa positiva, sin embargo, hablar de diálogo social no solo debería estar asociado a las organizaciones patronales y sindicales, sino también a las entidades colegiales, conocedoras en primer plano de las demandas sociales.

Profesionales que detectan problemas sociales... y pasan a la acción

Las profesiones no existirían sin los profesionales que las hacen posibles. Son estos profesionales, también ciudadanos, los que detectan antes que muchos estudios, a un nivel micro, la deriva de nuestra sociedad. Profesionales preocupados que, junto a otros, se reúnen, hablan, comparten y, tras darse cuenta de que es necesario pasar a la acción, dan forma a un análisis, un estudio, un libro. 

"Crisis (esta crisis) y Salud (nuestra salud)" (descargable en pdf) es el resultado de una preocupación, la de los médicos Fernando Lamata y Manuel Oñorbe, ante la realidad contrastada con datos económicos de la reducción de la inversión pública sanitaria, y los efectos que esta ya está teniendo en la salud de la ciudadanía, especialmente en aquella en riesgo de exclusión social. Una realidad puesta sobre la mesa que ha encontrado en la recesión económica la principal justificación de parte de la clase política. Como precisó Lamata en la presentación, "las causas del deterioro del Sistema Nacional de Salud radican en la desregulación financiera, que favorece a los que más tienen, y las políticas de austeridad, que se traducen en recortes". 

Un descenso en la inversión en sanidad pública trae consigo un menor número de personas para atender a los pacientes; a esto se le añade la puesta en cuestión de la universalidad de la sanidad en España por movimientos, colectivos y plataformas, como la Marea Blanca, la Cumbre Social o Movimiento por la paz. Incide esta última en un reciente comunicado en que el Real Decreto Ley 16/2012 consiguió que la asistencia sanitaria "dejara de ser un derecho de todas las personas, y pasara a ser una prestación vinculada a la condición administrativa de asegurado". Este RDL también ha provocado que se "restrinjan ciertas prestaciones y se aumente la carga económica directa para las personas". Recientes estudios universitarios, así como el Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales 2014, desde donde advierten de la desmantelación del Sistema Público de Servicios Sociales, subrayan esta tendencia.  

La presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana Isabel Lima, escribió recientemente en su bitácora personal un artículo titulado "Nos creíamos clase media". En él apelaba al Informe sobre Servicios Sociales en España, de donde se extrae que la mitad de la demanda actual de servicios sociales "se produce desde personas de la clase media que al haber perdido su empleo y tener una deuda hipotecaria entran en una situación de vulnerabilidad social". También opina sobre el documental  "1 de cada 5 personas en España viven en riesgo de pobreza en España", donde define a las ONG´s como acompañantes del Estado (no sustitutas). La idea de la imposibilidad de la sostenibilidad alimenta estas alternativas; a su vez, surgen, con más fuerza, mensajes que alertan de las posibles consecuencias de la precarización del Estado del bienestar, como el comunicado de la Federación Internacional de Salud Mental, que advierte de que "no hay desarrollo sostenible sin salud mental y física". 

Es la sostenibilidad del sistema el argumento clave, la palabra que puede significar muchas cosas dependiendo de quién la utilice. La sostenibilidad resignificada, puesta en valor. Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial, habló del poder de las palabras en la presentación del libro de los doctores Lamata y Oñorbe. "Quien define qué es sostenibilidad y qué quiere decir, decide sobre nuestro futuro; engaña sin mentir". De ahí la importancia de estos estudios, de que los datos precisos puedan reflejar la realidad. "La clave está en si somos capaces  de darnos cuenta de lo que está sucediendo y de darlo a conocer", precisó Sendín. Ir más allá del individualismo, y pensar en términos de sociedad civil organizada. 

¿Es compatible el coste marginal cero en los servicios profesionales con la deontología?

Promociona en estos días su libro, Jeremy Rifkin, uno de los economistas más mediáticos. El título, ‘La sociedad de coste marginal cero’ nos sumerge en un devenir casi inevitable hacia un modelo de economía colaborativa que finalmente desplazará el paradigma del capitalismo vertical actual, según él, condenado. Los cimientos de su teoría se encuentran en el desarrollo tecnológico centrado en las incipientes impresoras 3D y en la capacidad de Internet de reducir nuestros costes a la mínima expresión para producir bienes y prestar servicios. Y es ‘nuestros’ porque el cambio de mentalidad a compartir (aún por hacer…), nos convertirá en prosumidores —productores y consumidores—, concepto que Remedios Zafra ya tocó en la revista Profesiones. Es en este punto del análisis de costes de Rifkin donde nos detendremos. ¿Hasta dónde es posible y deseable abaratar los costes de la prestación de un servicio profesional?

• Reducir el coste marginal del servicio profesional tiene límite en la especialización y el nivel de calidad…

Hablar de coste marginal es definir cuanto varía el coste total de una empresa cuando la producción de bienes y servicios aumenta en una unidad. Dicho de otro modo, en el caso de un servicio profesional, el coste marginal mide cuánto varía el coste total que asume el profesional, si presta un servicio más. Si analizamos la estructura de costes general que contrae un profesional, en primer lugar, hay que referir los costes fijos, aquellos que se diluyen a largo plazo a medida que aumenta el número de servicios prestados: en un despacho o local, aquellos suministros, amortizaciones, arrendamientos, equipos informáticos, material de oficina y material específico característico de cada profesión. Por ejemplo, el plotter de los arquitectos, el instrumental médico o el acceso a bases de legislación jurídica. Además, en segundo lugar, cada prestación de un servicio conlleva una serie de costes variables que dependerán de la casuística que presente cada cliente o paciente. Pensemos, por ejemplo, en el tiempo, medios y recursos que conlleva el estudio de un caso jurídico o sanitario. 

Bien es cierto, que un modelo de economía colaborativa con mayor alcance que el actual permitiría a los profesionales poder reducir una parte de sus costes a la hora de compartir despacho, acceso compartido a bases de datos, etc. No obstante, siempre habría un límite genuino en la posible reducción de costes de prestación, marcado por la responsabilidad del profesional y por el control deontológico realizado por las organizaciones colegiales, los cuales aseguran que los servicios se presten con la necesaria calidad y seguridad. 

• Expulsión del mercado de profesionales que ofrecen mayor calidad si el precio de mercado baja demasiado como para cubrir el coste de prestar un servicio óptimo 

En este sentido, la teoría económica establece como indicador claro de un mercado competitivo el hecho de que los agentes operen con un coste marginal igual al precio de mercado. Si en el mercado de servicios profesionales aparecen nuevos operadores debido a una excesiva liberalización cuyo resultado diera un precio de mercado más bajo por razón de la competencia (supervivencia, debido a posible intrusismo), ¿qué ocurriría si el precio de mercado de los servicios profesionales quedara por debajo del coste marginal para su prestación óptima?

Si el coste de prestar un servicio profesional con la calidad y especialización requerida fuera mayor que el precio resultado del mercado, la tendencia conduciría a que los únicos profesionales que permanecerían en el mercado serían aquellos que prestaran servicios con un nivel de calidad y seguridad inferior, lo cual acabaría por perjudicar a los clientes y pacientes y a los profesionales que intentaran ofrecer un nivel cualitativo mayor. Recordemos que el servicio profesional es un ‘credence good’. Es decir, el ciudadano no podría evaluar con precisión el nivel de calidad recibido.

De vuelta: centrar nuestra ‘economía de la atención’ en las profesiones

Debemos continuar con las reformas…, la recuperación económica gana impulso…, España ya crea empleo…, y la sempiterna recomendación: es necesario aprobar la ley de servicios y colegios profesionales… 

La vuelta de septiembre no nos trae grandes novedades en cuanto a los mensajes. Tampoco los datos los sostienen: volvió a destruirse demasiado empleo en agosto; el consumo sigue sin buen tono; y la deuda pública sigue creciendo, bordeando ya el 100% del PIB. No obstante, el FMI ha puesto a España como el modelo reformista a seguir, si bien la OCDE destacó esta semana que podríamos habernos pasado de frenada en la bajada de salarios… 

Precisamente, en su informe del lunes día 8, la OCDE señaló de nuevo la ley de servicios y colegios profesionales (LSCP) como una de las reformas a emprender por el gobierno. Pero, ¿realmente las reformas están mejorando el bienestar de las personas como fin último de la economía? ¿Mejoraría con la LSCP? 

Desde Unión Profesional, a través del blog Carlyle no tenía razón, realizamos la grata labor de trasladar reflexiones, preguntas, conceptos, (en clave económica), al ámbito de las profesiones colegiadas, mediante el análisis de la actualidad, diferentes estudios y documentos referidos a los colegios y servicios profesionales. Prueba de ello en el último año, fue la relación pormenorizada que se realizó sobre los impactos socioeconómicos que podría conllevar el anteproyecto de la LSCP de agosto del 2013; el esencial papel de las organizaciones colegiales en la transparencia y difusión de datos para los profesionales y los ciudadanos; o el abordaje de nuevos modelos de ejercicio, en el cual el comercio electrónico está cada vez más presente. 

Como bien recuerda recientemente, Eduard Punset, en la denominada ‘economía de la atención’, «lo decisivo es conocer cómo percibe la gente lo que los demás están diciendo, y el tiempo que le dedican». Este proceder sabemos que es constitutivo a la prestación de servicios por los profesionales, el cual requiere de las organizaciones colegiales como foco y filtro de nuestra atención como garantes de la seguridad e información que recibimos. 

De este modo, con el ánimo de seguir profundizando en el modelo característico de los servicios profesionales, en sus códigos de comportamiento —profesional, cliente/paciente— respecto al resto de sectores de servicios y, en definitiva, en todas las temáticas socioeconómicas que atañen a las profesiones, continuamos con nuestra tarea de difundir y compartir… 

¡Bienvenidos!

Los profesionales como generadores de tejido socioeconómico

«La sobrecualificación no puede entenderse sólo como un problema de baja calidad de la oferta educativa, también es un problema de estructura productiva, de empresariado de baja cualificación y de movilidad social» 

Con esta sentencia reflexionaba el sociólogo, José Saturnino Martínez en su artículo ¿Por qué los más preparados no encuentran buenos trabajos? sobre los porqués que caracterizan el comportamiento errático de nuestro mercado laboral y, por ende, de la actividad económica. Las profesiones no escapan a esta situación y, de hecho, la tasa de desempleo de personas con titulación universitaria se encuentra en el 16%, siendo especialmente grave en los jóvenes titulados de 25 a 29 años donde el paro alcanza casi el 27%. No obstante, el subsector de servicios profesionales expone indicadores más solventes cuando los profesionales buscan empleo de aquello en lo que se han formado, ya que sus periodos de búsqueda son más reducidos que en otros sectores, según un informe reciente de Randstad. 

Sin embargo, este escenario se produce a pesar de los datos positivos de carácter parcial que se vienen sucediendo en los últimos meses y que corroboran de nuevo, siete años después del comienzo de la crisis, que el molde de nuestro modelo productivo apenas ha variado y responde a un patrón de bajo valor añadido apoyado en ganancias de competitividad, fundamentalmente, vía costes. Tanto es así, que en el último año, según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, los sectores que aglutinan más de la mitad de las altas en creación de empleo son la hostelería, el comercio, y las actividades administrativas. Mientras, áreas como la industria manufacturera apenas ha generado 10.000 empleos en el mismo periodo. Un dato más que refuerza como la industria en España languidece y pesa ya menos del 15% sobre el PIB, cuando en la Unión Europea, la media del sector industrial supone casi el 20%.

La apuesta por la formación de los profesionales 

Desde Unión Profesional se es consciente de esta problemática y, por ello, una de las iniciativas acometidas este mes de julio ha sido la realización de la segunda edición del Programa de ‘Inicio Profesional’ dirigido a recién licenciados y titulados, donde se impartió «formación para la orientación y el aprendizaje del uso de aquellas herramientas que garanticen una eficiente búsqueda de empleo». Así, mediante sesiones dedicadas a fomentar el emprendimiento, desplegar la marca personal e identidad digital en las redes sociales y potenciar la innovación y desarrollo de habilidades profesionales, los alumnos recibieron herramientas enfocadas a poder acceder de una forma más orientada a encontrar su espacio en el mercado laboral. Tal y como recuerda, Elisa McCausland, coordinadora del programa, se trata de una «plataforma de ignición, pero también es pretensión de UP que funcione como detector de nuevos caminos, de formas de trabajar en abierto. Por eso insistimos en las distintas formas de aprender, de ser en la Red». En definitiva, empoderar a los profesionales que comienzan su andadura para construir un tejido socioeconómico más responsable en su desarrollo y permeable en el intercambio de conocimientos.

                  Sesión de redes sociales e identidad digital por Mario Tascón en el II Programa de 'Inicio Profesional'

Las profesiones frente a la obsolescencia programada

«Luchar contra la obsolescencia programada es conseguir que el producto sea de mayor calidad» Jean-Pierre Haber, delegado del Comité Económico y Social Europeo. 

Cada vez somos más conscientes como consumidores. Asistimos a una paradoja circular del consumo donde los productos que adquirimos vienen revestidos o repletos de innovación y diseño y, sin embargo, presentan periodos de vida menores si lo comparamos con los de hace tan solo una década. Hablamos de la obsolescencia programada, un vicio del modelo consumista que ha sabido camuflarse en nuestros hábitos de manera general: supuesto mayor avance tecnológico, seguir la moda ‘impuesta’ y ponderar la posesión de bienes por encima del uso que verdaderamente les damos. Este asunto de profundidad que, fue tratado por el Comité Económico y Social Europeo (CESE) el 25 de junio en la sede de la Comisión Europea en Madrid, abre una oportunidad para establecer los cauces legislativos y culturales para construir un modelo más sostenible y ético. Thierry Libaert, miembro del CESE afirmó que esta cuestión, «nunca ha sido tratada hasta ahora, en las instituciones europeas y, en este sentido, en octubre se abordará la creación de un Observatorio europeo de la obsolescencia programada».

¿De qué forma las profesiones son un valor frente a la obsolescencia programada? 

«En cuanto al lugar que reservamos a la ética en nuestras sociedades, nos resulta difícil aceptar que se encomiende a determinados ingenieros la tarea de poner a punto productos caracterizados por un envejecimiento acelerado o que publicistas lancen campañas para incitar a los consumidores a comprar productos aun sabiendo que no aumentarían su nivel de satisfacción». Esta cita, que corresponde al Dictamen del CESE publicado el 17 de octubre del 2013 denominado Duración de la vida de los productos e información al consumidor, nos da una buena muestra y respuesta del engranaje esencial que suponen los profesionales tanto en la prestación de servicios como en la intervención en el diseño de los bienes que consumimos. 

Los impactos negativos del consumo desmedido e inducido son evidentes: impacto medioambiental, afección especial a los segmentos de la sociedad con menor poder adquisitivo que no puedan seguir el ritmo de consumo impuesto y, en definitiva, una distorsión en los valores sociales responsables. Por ello, una ética comprometida, y un control deontológico bien articulado por las organizaciones colegiales de la mano de la independencia de criterio que ha de tener cada profesional en su ejercicio han de ser herramientas protagonistas en conducirnos a un modelo de desarrollo más sostenible para los ciudadanos, donde la calidad, como bien recuerda Jean-Pierre Haber del CESE, sea un elemento crucial.

El potencial económico de la Red

El Parlamento y la Comisión europeos han incidido en lo digital como motor económico de su estrategia de crecimiento, donde el e-commerce y la inversión en infraestructuras juegan un papel clave para el crecimiento de la Unión Europea. No obstante, se han considerado resistencias a ese «crecimiento» cuestiones clave, como la seguridad, especialmente en lo que respecta a la protección de los datos de los europeos. Como ha reconocido recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), existen derechos —como el derecho al olvido— que apelan a una normativa, a un control que busca equilibrar las fuerzas entre las partes. A la espera del Acta del Mercado Único III con las futuras estrategias, que se presuponen estarán centradas en el Mercado Único Digital, el debate lo encontramos en lo fronterizo, reconduciendo la mirada de la Agenda Digital europea al otro lado del Atlántico. 

Las negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) entre Estados Unidos y la Unión Europea han traído consigo preguntas sobre las implicaciones de este acuerdo que, según el ideólogo de la Economía del Bien Común, Christian Fellber, al estar la agenda de este tratado formulada por las empresas trasnacionales más influyentes de uno y otro lado, implica «ajustar a la baja la totalidad de las leyes ambientales, de protección de la salud, seguridad alimentaria, condiciones laborales y datos privados, entre otras». Esta sospecha ha sido refrendada recientemente por una filtración, donde se informa de que los servicios públicos podrían ser gestionados, a raiz del TTIP, por empresas estadounidenses.

>> ¿Un verdadero mercado único para permitir la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales? Esta idea de homogeneización que, si nos focalizamos en los servicios profesionales, puede traer ciertos problemas. ¿Qué pueden ganar o poner en riesgo los profesionales y ciudadanos bajo este paradigma? «Parece que una mayor accesibilidad, evitar los costes de desplazamiento y una comparación más amplia de profesionales podrían ser favorables, pero calibrar en qué medida, la confianza percibida, la calidad obtenida y la seguridad ofrecida a los potenciales clientes y pacientes serán suficientes, se constituyen como los verdaderos retos sobre los que es necesario reflexionar» expone Eugenio Sánchez, economista de Unión Profesional en El potencial económico en Internet, en la revista Profesiones 149.

El análisis socioeconómico, relevante para las profesiones

«Se pueden manejar los mejores datos del mundo y contar con el mejor análisis, pero el reto es hallar la información clave y transmitirla de manera concreta y directa» 

Al igual que en una fotografía demandamos una mayor definición traducida en un mayor número de píxeles, cada vez más, cuando analizamos un mercado, demandamos una mayor cantidad de datos que nos dibujen con mayor precisión su imagen y comportamiento. Prueba de esta trascendencia era referida recientemente en una entrevista en el diario El País a Nan Bulger, responsable de la Asociación de Profesionales de Inteligencia Económica y Competitiva (SCIP) radicada en EE. UU. De esta forma, sostenía la tendencia creciente en países e instituciones de poner en valor la recopilación, análisis y, sobre todo, la interpretación que se puede realizar sobre los datos de diferentes mercados. Por ello, la oportunidad hoy en las profesiones colegiadas reside en obtener un mayor conocimiento e información de su entorno para poder prestar el mejor servicio a los ciudadanos y los profesionales. ¿Las herramientas? LOS DATOS.

Extraer información concluyente de los datos

Es evidente que hablar de los servicios profesionales es aludir a un subsector que genera un gran volumen de datos. Otro asunto es detectarlos y tratarlos. Cifras de empleo, facturación, inversión, productividad o evolución del tejido empresarial son algunos de los indicadores más significativos, generales y, por tanto, buscados. Pero no debemos olvidar que estos datos, son la consecuencia directa e indirecta del entorno de regulación de las profesiones, del ejercicio de los propios profesionales, de los ciudadanos y de la función de las organizaciones colegiales. 

Datos como el número desagregado de expedientes disciplinarios colegiales o la cifra de atenciones prestadas a los ciudadanos por las corporaciones profesionales tienen un impacto directo en áreas como la judicialización de la sociedad, el valor de diversos bienes y, al fin, en el bienestar de las personas. Por ejemplo, ¿en qué medida disminuyen los casos judiciales debido a servicios prestados por profesionales colegiados? ¿Qué pérdida de valor experimentan aquellos bienes inmuebles en los cuales no interviene un profesional para su mantenimiento y gestión? ¿Qué hay de los indicadores de salud cuando un paciente recibe un servicio médico de mala calidad y no controlado?.

Si examinamos el proceso de prestación de un servicio profesional intervienen numerosos elementos medibles en datos. El profesional oferta su servicio bajo el modelo colegial, donde el instrumento de colegiación supone un control sobre el desarrollo de su ejercicio susceptible de ser sancionado, si no cumple las normas deontológicas. Así, cuando el cliente o paciente precisa un servicio profesional, tiene una mayor confianza sobre su seguridad al poder dirigirse a la entidad colegial mediante el servicio de atención a los usuarios y realizar una consulta o reclamación.

>> Nos referimos, en definitiva, a conocer y evaluar cómo se verían afectados los indicadores económicos y sociales si trastocamos demasiado la esencia del modelo colegial que provee la necesaria confianza a los ciudadanos y suministra información concluyente.

Los Colegios Profesionales en la sociedad del aprendizaje

Imagen vistelacalle.com

«Tiene sentido centrar la atención en cómo las sociedades aprenden, y qué es lo que se puede hacer para promover el aprendizaje, incluyendo la promoción de cómo aprender a aprender» 

Con esta reflexión, el Nobel de Economía, Joseph E. Stiglitz aborda en un artículo reciente La creación de una sociedad del aprendizaje la relevancia que supone en una economía y, en definitiva para una sociedad el objetivo tan sencillo y complejo de cómo hacer las cosas mejor. Así, afirma este economista que «visualizar a través de las lentes del aprendizaje ofrece una perspectiva diferente sobre muchos temas». Temas o áreas como los servicios profesionales son un claro ejemplo.

Los Colegios Profesionales generan externalidades positivas con su aprendizaje 

Como bien dice la teoría económica, las externalidades positivas son los efectos beneficiosos sobre el resto de ciudadanos que produce una actividad con su desarrollo y que no están recogidos en sus cuentas. En el caso de las organizaciones colegiales, estas proveen de externalidades positivas a tres grupos: 

• Ciudadanos: son los que más efectos positivos reciben. La existencia de organismos reguladores como los colegios que ejercen un control deontológico independiente sobre los profesionales otorga a los clientes y pacientes una mayor seguridad, tranquilidad y confianza sobre la calidad que reciben cuando precisan un servicio profesional. 

• Profesionales: los servicios que prestan los profesionales son credence goods. Es decir, los clientes o pacientes no pueden discernir ex ante, durante, ni ex post el nivel exacto de calidad que obtienen. Por ello, la existencia de organismos reguladores se hace necesaria para legitimar aún más al profesional en su ejercicio frente al ciudadano.

• Administración pública: tanto las funciones de control deontológico, la formación continuada o las distintas asesorías que realizan las entidades colegiales, además de suponer un ahorro en el gasto público, producen que el subsector de servicios profesionales sea uno de los más estables en el crecimiento económico por su credibilidad.

Toda esta labor requiere de un trabajo constante y comprometido de las corporaciones profesionales. Una tarea que no es estática sino que evoluciona en el seno de estas instituciones en busca siempre de mejorar el servicio y la atención al ciudadano y al profesional. Este aprendizaje, en el sector de las instituciones colegiales encaja con una última consideración de Stiglitz: «el aprendizaje puede ser más marcado en algunos sectores en comparación con otros, y los beneficios de dicho aprendizaje, incluyendo el desarrollo institucional necesario para el éxito, podría extenderse a otras actividades económicas».

Emprendimiento (2): Financiar y asegurar un proyecto de economía social y solidaria

«El problema de la crisis que estamos viviendo es que el propio sistema financiero ha roto sus propias normas creando productos financieros especulativos y escapándose de la realidad» 

El día 7 de abril, Medialab Prado, el laboratorio ciudadano, presentaba la Jornada de seguros y finanzas éticas. Marcos de Castro, psicólogo que presidió la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), introdujo parafraseando al sociólogo Alain Touraine, la motivación esencial de acercar tanto la banca como los seguros a la realidad social que acontece. Una realidad que como afirmó «se construye en la tensión, en los pactos, en el diálogo empresa-sociedad» y por ello, sostuvo que «es necesario hacer una banca que esté metida en la economía real, que esté comprometida con el territorio y que no roce la economía especulativa». ¿Cómo conseguirlo y qué modelo fomentar? 

Financiar la economía social y solidaria 

Una parte de la jornada se centró de manera esencial en las alternativas existentes en torno a cómo financiar la realización de proyectos empresariales basados en la economía social y solidaria. Nuria del Rio, miembro de la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) habló de la dificultad de construir esta red que ahora empieza a tener cada vez una mayor repercusión. Precisamente, este modelo que ya abordamos a principios de este mes, merece, no osbtante, una precisión en cuanto a la economía solidaria definida por Juan Carlos Peréz de Mendiguren del Instituto HEGOA de la siguiente forma: «la economía solidaria que nace del tronco común de la economía social (…) pone a las personas y su trabajo en el centro del sistema económico, otorgando a los mercados a un papel instrumental siempre al servicio del bienestar de todas las personas».

En este sentido, en el ámbito de la financiación, se presentó la Fundación para la Inversión y el Ahorro Responsable (FIARE). Juan Garibi, su director, expuso la filosofía del proyecto de banca ética que caracteriza esta organización y señaló respecto a la red de economía alternativa y solidaria que es necesario que «sea más sólida». Remarcaba de esta manera que en un contexto donde la sociedad demanda mayor transparencia y valores en la gestión del dinero que realiza la banca convencional, aquellas entidades de economía social y solidaria que no tienen ánimo de lucro, apenas son contempladas en los canales tradicionales de financiación. Y, por ello, dada su labor, merecen una especial atención y recursos financieros adaptados.


Aseguramiento ético y solidario

En el área de los seguros, Luís Marchand, fundador de Cooperación para el Aseguramiento Ético y Solidario (CAES) comenzó su intervención aludiendo a «devolver al proceso asegurador el espíritu mutualista original». Bajo esta premisa incidió en la lógica de contar con la herramienta aseguradora a la hora de establecer proyectos de economía social y solidaria. Un sector, donde ya prestan seguros a más de 100.000 personas y que se encuentra en un verdadero auge.

Se trata, por tanto, de financiar proyectos y asegurarlos desde un enfoque emprendedor distinto y caracterizado en el discurso social y solidario donde el bienestar de los ciudadanos es la piedra angular sobre la que construir y orientar el sistema económico. Los profesionales, en su función de prestar sus servicios profesionales con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas parten de situación excepcional para emprender y potenciar la economía social y solidaria.