Competencia y competitividad

Competencia y competitividad: ¿Confundidas? ¿Qué sugieren? Aunque, a priori, son dos términos que solemos manejar con cierta asiduidad —sobre todo en los entornos profesionales—, a menudo parece percibirse que ambos conceptos quedan difuminados en la vorágine de mensajes que recibimos todos los días desde distintos ámbitos. Si acudimos a la RAE, la acepción que encontramos nos dice que la competencia es la situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio. Por otro lado, de la competitividad la RAE afirma que es la capacidad para competir.

Hasta aquí todo claro. Efectivamente, la competencia es la lucha y el juego entre los operadores por hacerse con mayor cuota de mercado, mientras que la competitividad denota el potencial de competir de cada operador con el resto. En cualquier caso, cuando estos conceptos son aplicados y nombrados dentro del subsector de los servicios profesionales pueden llevar a equívoco como tengo la sensación y ser motivo de confusión en aras o con el objetivo de trasladar determinados mensajes.

El ejemplo lo tenemos nuevamente en la futura reforma de los servicios profesionales y en todos los informes y legislaciones emanadas desde Europa y España. Una de las mayores ventajas más repetidas a las que se apunta que puede tener la liberalización planteada de los servicios profesionales es un fomento de la competencia entre los profesionales que tenderá a la baja los precios y mejorará la calidad de los servicios. Y, casi de forma seguida, se sugiere que esta mejora en la calidad de los servicios vendrá como resultado del mayor incentivo en los operadores profesionales por mejorar su competitividad, es decir, su capacidad para competir.

Pero, ¿dónde está sustentado que el proceso de la competencia en los servicios profesionales dé lugar a una bajada en los precios e, inmediatamente, una mejora en la calidad?  Según este planteamiento, la competitividad del profesional... ¿vendrá de la disminución de costes o por una mayor inversión en calidad? Desde luego, si tenemos en cuenta que además los órganos de control deontológico independiente, como los colegios profesionales, no van a estar tan presentes en el proceso como garantes de la confianza, seguridad y una sana competencia, se antoja difícil pensar que el nivel cualitativo de los servicios profesionales pueda mejorar.

¿Por qué iba a tener mayor incentivo el operador profesional a ofrecer más calidad, cuando no existe control y el consumidor no es capaz de diferenciar exactamente el nivel de calidad del servicio? Todo esto nos podría llevar a pensar que la mejora de competitividad de cada operador se centra en la mayor eficiencia de costes, —positivo, desde luego dentro de unos márgenes— pero su objetivo se focalizaría, principalmente, en atraer con mayor publicidad a potenciales clientes o pacientes. Estaríamos fomentando, de este modo, una lógica de razonamiento basada en la preocupación del profesional por permanecer en el mercado.

Todo esto conlleva que, si el colegio profesional deja de ser referencia sobre el control y la información veraz de los profesionales, la publicidad se convertiría en la forma más potente de conseguir difusión, erigiéndose así en el principal elemento de decisión, además del precio para el consumidor. Eso sí, hablaríamos de una publicidad más tendente a intereses de captación que de mera información, y que adolecerían del inherente interés social por el que se definen estos servicios.