Consumidor (Parte 2): ¿Somos inelásticos con los servicios profesionales?

Para los economistas, hablar acerca de las elasticidades es algo tan común como para los científicos tratar sobre tubos de ensayo o para los juristas respecto a los procedimientos legales. Por tanto, es una herramienta de análisis económico básica y muy utilizada. Pero… ¿Qué es la elasticidad? Sin ir más lejos, y para que nos resulte lo más cercano posible, la elasticidad es un elemento de calibración que se utiliza para diseñar y configurar los sistemas impositivos en cada uno de los países. Es decir, la razón que se esconde detrás de las sempiternas y llamativas subidas de impuestos especiales sobre productos como el tabaco, y los carburantes es la elasticidad. 

Por ello, como podemos intuir, estamos ante un concepto que tiene que ver con la necesidad y con los precios. Gracias al desarrollo de los estudios de los economistas Auguste Cournot y Alfred Marshall en el siglo XIX hoy podemos definir la elasticidad de la demanda o precio de la demanda —que es la que trataremos aquí— como la variación que experimenta la cantidad demandada de un bien o servicio ante variaciones en el precio de estos. De esta forma, como ejemplo, si el precio de un producto, varía un 1%, y la cantidad demandada responde menos de un 1%, estaremos ante una demanda considerada inelástica. Mientras, si el precio varía un 1% y la cantidad demandada reacciona más de un 1%, el análisis será que estamos frente a un comportamiento elástico. Si el precio y cantidad demanda reaccionan igual recibe el nombre de isoelástico. Deducimos así, que los carburantes, o el tabaco tienen una elasticidad precio de la demanda inelástica. Y es que aunque su precio varíe un 1%, nuestro comportamiento en media, responderá menos de ese 1% ya que no podemos cambiar tan fácilmente de hábitos, ni hay sustitutivos claros para ellos. Si necesitamos repostar gasolina para viajar, es inevitable. En consecuencia, gravar este tipo de productos suele mostrar bastantes réditos fiscales.

Los servicios profesionales también están sujetos a la elasticidad. Muchos estudios al respecto, han intentando acotar y estudiar el comportamiento de los consumidores, en este caso, clientes o pacientes de estos servicios; siempre teniendo en cuenta la heterogeneidad presente en este subsector. Así, el economista Hayne E. Leland ya apuntó en 1979 en su estudio  ‘Quacks, Lemons, and Licensing: A theory of Minimun Quality Standards’ que los servicios profesionales muestran una demanda preferentemente inelástica cuando los consumidores perciben que estos servicios pueden no reunir la suficiente la calidad al no haber organismos reguladores. Más adelante, en el año 2006, la consultora danesa Copenhagen Economics elaboró un informe donde analizaba el proceso de desregulación en los servicios jurídicos que se estaba llevando a cabo en aquel país y concluyó según sus indicadores que los clientes de servicios jurídicos no estaban realmente preocupados sobre el precio sino por la percepción y el nivel de calidad que obtendrían. Otros estudios como el realizado por la consultora americana Mackinac Center refuerzan esta idea.

Con lo cual, cuando acudimos a un abogado, por encima de la búsqueda de un precio ajustado,  nuestro motivación es que nos solucionen el problema con la mayor diligencia y responsabilidad,  algo que está presente en una serie de intangibles que tienen que ver con la calidad asistencial del servicio. Podemos inferir así para el resto de las profesiones, que introducir mecanismos y regulaciones en los servicios profesionales que favorezcan la competencia entre los operadores y así baje el precio es positivo. Sin embargo, los consumidores mostrarán un comportamiento aún más inelástico, si los organismos que regulan las profesiones de forma independiente como son los colegios profesionales no están presentes.

¡Feliz Navidad!

Consumidor (Parte 1): ¿Qué proceso seguimos para acudir a un profesional?

Para esta entrada propongo que hagamos un análisis introspectivo, personal, sobre las diferentes decisiones de consumo que realizamos. Cuando estamos interesados en adquirir un producto o servicio que no hemos consumido nunca o, si es así, de manera infrecuente, atravesamos por un proceso de reflexión que contempla una serie de pasos determinados:

En primer lugar, acudimos a nuestra propia experiencia; después buscamos referencias en nuestro entorno —tales como publicidad, precio e información objetiva, consulta a otras personas, etc.—; comparamos las alternativas que tenemos disponibles y, finalmente, decidimos sobre la adquisición que nos reportará una determinada satisfacción. Además, en la mayoría de las ocasiones, este curso está condicionado por el tiempo con el que contemos. Todo este desarrollo, cuyas fases pueden tener diferente intensidad o incluso un distinto orden, componen el espectro principal a través del cual tomamos nuestras decisiones de consumo; inclusive, en bienes y servicios que compramos habitualmente, este proceso se puede simplificar a rutinas con las que estamos acostumbrados y satisfechos. Frente a esta conducta descrita, expongo y sintetizo una teoría económica utilizada habitualmente para caracterizar mercados:

Según la escuela neoclásica de economía, el consumidor dispone de todos los resortes de información en el mercado, por recónditos que parezcan, y conoce y ordena todas las alternativas posibles para realizar sus decisiones de compra, las cuales significarán siempre el resultado más óptimo y maximizador de su utilidad; dejando de lado el aspecto emocional. Una vez llegados a este punto, lanzo la siguiente pregunta: ¿Con qué descripción de comportamiento nos sentimos más identificados?

Bien, a modo de respuesta me gustaría introducir una nueva argumentación en este sentido. Para ello, mencionaré al economista Herbert A. Simon, Nobel de Economía en 1978, cuya principal aportación fue el estudio del proceso de decisión de los individuos acuñando el concepto de racionalidad acotada. Este concepto se define por el método de búsqueda que efectúan los consumidores en el mercado, el cual, está caracterizado por no conocer todos los elementos o señales que existen sobre el bien o servicio, los efectos de su posible elección de consumo y, por tanto, no tener capacidad de computar y tratar toda la información para así ordenar según criterios de maximización de utilidad todas las opciones posibles.

De este modo, Simon establece que las decisiones de los individuos responden a un patrón de deliberación en base a toda la información de la que puedan disponer mediante su propia experiencia y aprendizaje. Así, dadas las limitaciones evidentes de conocer todo lo que sucede en el mercado para evaluarlo y clasificarlo de manera automática, el consumidor elegirá el bien o servicio atendiendo a un criterio de aceptabilidad o satisfacción en lugar de maximización de la utilidad. Un método que Simon denominó racionalidad procesal.

    “… El comportamiento es procesalmente racional cuando es el resultado de una deliberación apropiada, Su racionalidad procesal depende del proceso que lo generó.” H. Simon, 1976.

Por tanto, ¿no se parece el proceso de decisión de los ciudadanos (clientes y pacientes) de servicios profesionales a la racionalidad procesal de Simon? Es decir, cuando acudimos a un profesional, ¿no indagamos en nuestra propia experiencia, buscamos referencias, consultamos a conocidos, amigos o familiares y, finalmente, decidimos?. Si es así, una regulación equilibrada de los servicios profesionales que ayude y surta de información clara y útil a los ciudadanos como clientes y pacientes en su proceso de búsqueda del profesional más adecuado, es absolutamente necesaria.

Enfoque de los economistas en CONAMA 2012

La preocupación por el medioambiente entre los agentes económicos, gobierno y sociedad sigue sin estar en la agenda central y necesita un mayor impulso. La jornada celebrada por el Consejo General de Colegios de Economistas en CONAMA 2012 el día 26 de noviembre llamada ‘Efectos de la crisis en el medio ambiente’ fue esclarecedora a este respecto. En consecuencia, podemos sintetizar las conclusiones principales de cada uno de los ponentes que participaron en dos bloques, uno sobre la situación actual y otro, de propuestas para el presente y futuro.

En el análisis de situación destaca:

1) La persistencia de la crisis está contribuyendo a la mejora de los indicadores medioambientales debido al menor consumo y producción.
2) Las regulaciones sobre política medioambiental no son eficaces al no alcanzar grandes acuerdos de compromiso.

En cuanto a los objetivos planteados y necesarios:

1) Las actividades económicas que se focalicen en la eficiencia en la gestión de los recursos y desarrollo sostenible son una gran oportunidad para la creación de empleo.

2) Es necesario establecer un modelo económico cuyos pilares básicos sean: situar la perspectiva del bien común en el imaginario colectivo; la conciencia y responsabilidad social; y la ética en los negocios.

En este sentido, en el análisis pormenorizado de los economistas experimentados que participaron en la conferencia, Ramón Tamames Goméz, catedrático Jean Monnet de la Unión Europea, lamentó el escaso avance de las cumbres medioambientales recientes como la de Copenhague en 2009 o RIO + 20 en 2012 debido a la no participación, en esta última, de personalidades clave como Obama, Cameron o Merkel. No obstante, señaló que China muestra signos de convergencia con occidente en regulación medioambiental. En relación a la crisis, afirmó que «sería conveniente relajar los objetivos de déficit para España». Por otro lado, Juan Carlos de Margarida Sanz, decano del Colegio de Economistas de Valladolid, resaltó que la situación actual de crisis es resultado de la irresponsabilidad, ineficacia, falta de previsión y control presupuestario.

Por ello, el decano de los economistas de Valladolid dijo: «Es el momento de que la sociedad tome las riendas de la situación actual para contribuir al bien común». Asimismo, propuso una serie de alternativas en materia empresarial que pueden significar una gran ocasión para el país en su desarrollo económico. Proyectos interesantes como: consultoría y asesoría ambientales; servicios de tratamiento de vertidos y emisiones; gestión integral de residuos sólidos; educación ambiental; ecoturismo; biocomercio, etc.

A continuación, Antonia Calvo Hornero, catedrática de Economía Aplicada de la UNED, después de analizar el recorrido de la crisis hasta la actualidad, expresó que, entre los efectos positivos más notables de la crisis sobre el medioambiente, se encuentra una mayor propensión al reciclaje y a la prolongación de la vida útil de los objetos de consumo. Además, concluyó: «La UE mantiene su compromiso a nivel interior en política medioambiental —a pesar de las dificultades— y a nivel internacional es un líder normativo como así se demostró en Copenhague».

Por su parte, Amelia Pérez Zabaleta, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, expuso algunos resultados del estudio que realizó el Observatorio para la Sostenibilidad en España (OSE) en el año 2011 donde se afirma que varios indicadores socioeconómicos han mejorado respecto al medioambiente. Incidió, por tanto, en que «la tendencia es que hay mejora del medioambiente con la crisis». En la clausura, José María Casado Raigón, catedrático de Economía Aplicada y presidente de la Comisión de Medio Ambiente, reiteró la preocupación del Consejo General de Colegios de Economistas por la cuestión medioambiental. De esta manera, sostuvo que «el crecimiento económico debe respetar la cultura y el bienestar de los ciudadanos» y que «es necesario “reinstalar” la economía en lo social». Finalizó manifestando que «el crecimiento económico debe entenderse a largo plazo y no debe dejarse llevar por la zozobra cortoplacista destruyendo recursos».

Situación de la I+D en los Servicios Profesionales

El pasado día 21 de noviembre fue presentada por el INE la Estadística sobre actividades en I+D en el año 2011. Los resultados agregados no invitan al optimismo, sino todo lo contrario. La inversión destinada a I+D en España en el año 2011 respecto a la realizada en el año 2010 descendió un 2,8%, es decir, traducido en términos monetarios, un retroceso de más 400 millones de euros; además, según previsiones, se espera que el presente año muestre una nueva bajada. En la esfera macroeconómica, el montante de I+D supone un escaso 1,33% del PIB del 2011, un porcentaje muy inferior a los que realizan Finlandia, con casi un 4%; Suecia, cerca del 3,5%; o Alemania, con más del 3%. Si además, contemplamos que la media de la UE de los 27 se encuentra en el 2,03%, podemos poner en perspectiva un eslabón más de por qué nuestra situación no nos permite hacer despegar la maltrecha economía.

No obstante, si indagamos en el desglose de datos aportados en este estudio estadístico, advertimos de la buena salud, en general, de la inversión en I+D que muestran los profesionales. Según las cifras recogidas y clasificadas a través de la CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas), en concreto, la referente a actividades profesionales, científicas y técnicas (CNAE, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) los resultados son satisfactorios.

Como datos destacables, la inversión en I+D que realizan estas profesiones en conjunto está en el 28,26% del total del sector empresarial, y en un 14,73% de toda la inversión que se realiza en I+D en España al tener en cuenta las Administraciones Públicas, la enseñanza superior y las instituciones sin ánimo de lucro. Señales, por tanto, determinantes del papel esencial al que contribuyen las profesiones en el crecimiento y desarrollo económico del país. En este sentido, el objetivo central es fomentar aún más  este incentivo por la mejora constante de la calidad en la prestación de los servicios profesionales tan sensibles para el ciudadano en una regulación equilibrada.

Sin embargo, ante esta situación generalizada de caída de inversión en I+D conviene recordar a dos economistas clave para ayudar a comprender de manera más efectiva que significa la investigación, la innovación y, en definitiva, el factor tecnológico para un país. Robert M. Solow, Nobel de Economía en 1987, fue el primer economista en introducir el estudio acerca del crecimiento económico de los países en su obra 'A Contribution to the Theory of Economic Growth' en 1956. Así, en su modelo de análisis, el componente más importante para explicar el impulso del crecimiento económico era la variable tecnológica. De hecho, concluyó que el crecimiento que mostraba EEUU estaba explicado en un 80% por el progreso técnico.

Más recientemente, Paul M. Romer, economista referente en la actualidad sobre la Nueva Teoría del Crecimiento afirmó en 1992 que la producción de conocimientos y de tecnología tiene características de bienes públicos, ya que son no rivales y no excluyentes. No rivales, porque el uso de un individuo no limita el que pueda hacer otro y no excluyentes ya que no se puede privar a nadie de él. Además, Romer vinculó y añadió a esta nueva definición de crecimiento la importancia del concepto de los intangibles. Es decir, todo el capital humano aplicado y las nuevas fórmulas y métodos donde se asienta la generación de desarrollo que, son argumentos enmarcados en la concepción de los profesionales que debemos preservar.

Y, precisamente en esta línea, la OCDE en su informe de año 2001 titulado 'Social Sciences and Innovation' señala que las políticas de investigación y desarrollo deben estar orientadas al interés y protección social.

La inversión en I+D es costosa, requiere medios y recursos y sobre todo tiempo, una variable esta última, considerada de lujo en una economía que demanda resultados inmediatos ante el deterioro de la situación. Pero, si dejamos de lado la visión cortoplacista que puede desvirtuarnos o confundirnos, apostar por la investigación y el desarrollo es, probablemente, una de las vías más potentes para salir fortalecidos de la crisis en la que nos encontramos no sólo desde el punto de vista económico sino también social. 

Servicios Profesionales: ¿Mercado de Limones?

Al leer el título de esta entrada probablemente os genere extrañeza o asombro, es comprensible, pero a la vez tiene un gran interés y, por eso, quiero trasladar este tema. El mercado de limones hace referencia a la teoría económica que enunció el Nobel de Economía de 2001, George Akerlof, en 1970 titulada ‘The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism’. Este economista realizó una gran aportación para el entendimiento de los problemas de información asimétrica que aquejan a los mercados. Una casuística que afecta tanto a los oferentes, como a los demandantes de bienes y servicios.

Akerlof, para su teoría, utilizó el mercado de coches usados en EEUU. Así, pensamos en aquellos concesionarios pintorescos donde los vehículos eran expuestos ante la sonrisa del vendedor. Los automóviles en mal estado eran llamados ‘limones’; por tanto, eran el objetivo a evitar por los consumidores, pero… ¿cómo estar seguro de no estar adquiriendo un ‘limón’?. Cuando un potencial comprador se dirigía a un concesionario siempre tenía la sospecha sobre las verdaderas condiciones del vehículo que le interesara o intentara venderle el comercial. Es decir, existía una clara asimetría de información entre el vendedor y el posible comprador que no permitía a este último comprobar realmente el estado real de los coches. Asimetría, que recibía, en este caso, el nombre de "selección adversa". 

Según Akerlof, si un consumidor, como ejemplo, supiera que tiene ante sí un utilitario en condiciones óptimas, estaría dispuesto a pagar una cuantía mayor por él. Sin embargo, si el coche que le expusieran no reuniera las suficientes garantías y no fuera fiable, pagaría una cantidad menor. Estas preferencias, daban lugar a un comportamiento medio de los consumidores. Así, suponiendo el mismo número de automóviles en buen y mal estado, el potencial comprador sólo estaba dispuesto a pagar un importe o precio en media. Esta situación, tendía a ser perjudicial. Los vendedores que intentaban vender vehículos en buen estado eran desplazados progresivamente por los otros vendedores que ofrecían los denominados ‘limones’. Por tanto, se producía una selección adversa de los consumidores en sus adquisiciones al no tener la suficiente información y seguridad.

De esta forma, el destino de los vendedores que ofrecían vehículos en mejores condiciones, era ser relegados en el mercado, u obligados a reorientarse en él, ofreciendo también un nivel cualitativo menor en su oferta de automóviles. Estaríamos así, ante un mercado que tendencialmente acabaría predominado por ‘limones’. Por suerte, esta situación no llegó a profundizarse, ya que comenzaron a implantarse instituciones que verificaron el estado de los vehículos y se efectuaron controles de garantía.

La analogía que se puede establecer con los servicios profesionales parece clara. Si sustituimos los vendedores de coches por los profesionales; los compradores por los clientes y pacientes; y los vehículos por los servicios profesionales llegamos a las mismas conclusiones. En un mercado de servicios profesionales en donde no hubiera organismos que ejercieran un control deontológico independiente de la prestación de servicios a los ciudadanos, la dinámica sería la misma descrita con anterioridad. Es decir, los consumidores, no estarían dispuestos a adquirir servicios profesionales a determinados precios, y sólo pagarían un precio medio ante la incertidumbre de no saber si están acudiendo a un profesional adecuado y que otorgue a su servicio unos estándares de calidad necesarios.

En este sentido, la imposibilidad de comprobar por los clientes y pacientes el verdadero nivel de calidad que obtienen, acabaría por beneficiar a aquellos profesionales que ofrecieran un grado de calidad menor. Y es que, estos utilizarían una política de captación mediante publicidad más efectiva que superaría a la casi inexistente información provista por los colegios profesionales que no ejercerían los controles suficientes o serían muy exiguos; no hay que olvidar que la preocupación esencial del profesional sería permanecer en el mercado.

El porqué de una necesaria Colegiación

Desde diferentes organismos nacionales como supranacionales asistimos aproximadamente desde hace diez años a una fiebre de propuestas liberalizadoras en el ejercicio de los servicios profesionales y sus instituciones de ordenación y control deontológico. La Comisión Nacional de Competencia (CNC), en su informes del 2008 y del 2012, y la Comisión Europea con sus comunicaciones del 2004 y 2005 sentaron las bases sobre las que se redactó la Directiva de Servicios en 2006; más adelante se definió la Ley Paraguas y, sobre ésta, se concretó la conocida Ley Ómnibus de 2009.

Todos estos informes y legislaciones, como ya conocemos, tienen una literatura común: introducir mecanismos que favorezcan una mayor competencia entre los operadores profesionales a través de mejorar y facilitar el acceso al ejercicio al eliminar barreras de entrada y, en este punto y focalizado sobre los colegios profesionales, incorporar reformas en estos que vayan en esta senda de liberalización.

La reforma principal y eje del debate es la necesidad de colegiación. Se argumenta que es una barrera en muchas ocasiones insalvable y que no está justificada en aras de defender al ciudadano y el profesional y, además, es un impedimento para el buen desarrollo del mercado de servicios profesionales. Ante este compendio de información me surgen tres preguntas que planteo y desarrollo a continuación:

>> ¿La colegiación es una barrera injustificada desde el punto de vista económico?

El sistema económico en el que vivimos y desarrollamos nuestras actividades cotidianas, profesionales y de consumo, responde a una serie de normas y ordenación que lo vertebran y estructuran canalizando las distintas decisiones de los agentes económicos. Los elementos principales, por tanto, que sostienen esta dinámica son: la seguridad jurídica y las distintas regulaciones sectoriales que aportan certidumbre. Si atendemos a la colegiación, se trata de un instrumento esencial dentro de nuestra regulación sectorial que certifica el correcto ejercicio de los profesionales. Un instrumento del que no podemos prescindir, dados los problemas de falta de regulación que provocaron la actual crisis; máxime, en un sistema en donde cada día demandamos más seguridad y verificación para tomar decisiones de cualquier índole.

>> ¿Qué supone para un ciudadano que elige su carrera profesional la colegiación?

Cuando un ciudadano elige su carrera profesional lo hace, en la gran mayoría de los casos, por una intensa vocación que incentiva y guía a la persona en su proceso de formación y experiencia para llegar a ejercer. La colegiación significa un paso que, ciertamente, tiene un coste —cada vez más reducido— pero también tiene una contraprestación que juega en beneficio del profesional al atribuirle un mayor prestigio por controlar su ejercicio de forma independiente frente a los clientes y pacientes. Por ello, es difícil pensar que la colegiación esté siendo de manera efectiva una barrera de acceso. ¿Realmente un ciudadano que elige su carrera profesional va a dejarla de lado solo por el hecho de tener que colegiarse?

>> ¿Qué percepción existe entre los ciudadanos como clientes y pacientes sobre la colegiación?

Aunque la colegiación pueda parecer a priori un elemento ajeno al cliente o paciente, lo cierto es que constituye un elemento determinante. Dado que en anteriores entradas hemos visto que para un ciudadano es prácticamente imposible que compruebe el nivel de calidad que obtiene en un servicio, la colegiación se convierte en una garantía de seguridad para confiar en la labor del profesional. Michael Spence, Nobel de Economía en 2001, habló sobre señales de mercado afirmando que "transmitirían, de una forma constante y en equilibrio, la información desde los vendedores a los compradores o, dicho de forma más general, desde quienes poseen más información hacia aquellos que tienen menos". Si nosotros, como ciudadanos que acudimos a un profesional, sabemos que este está colegiado, es una señal de mercado que se traducirá en un seguro de confianza, ya que sabremos que el colegio profesional se encuentra detrás para examinar la labor y el correcto ejercicio del servicio que se preste.

Credence Goods: la clave de los servicios profesionales

Al hablar de servicios profesionales y su caracterización principal, algunos de los signos de identidad esencial que se vienen a la cabeza casi como un resorte tienen que ver con: la elevada y especializada formación de los profesionales, la calidad que pueden atribuir a sus servicios y la brecha de información que, generalmente, acusan los clientes y pacientes respecto a los profesionales que toma el nombre (en literatura económica) de información asimétrica. Y es en relación a la información asimétrica, donde quiero hacer llegar un nuevo término en muchas ocasiones obviado o no conocido que está sustentado y estudiado en teoría económica por los economistas Michael R. Darby y Edi Karni en 1973:

Se trata de los “credence goods” o traducido al castellano, bienes de confianza, es decir, aquellos bienes en donde el consumidor deposita toda su confianza en la acción del profesional al que ha acudido. Una definición que responde a la particularidad de los servicios profesionales. Hablamos así, de bienes en donde es muy difícil que el consumidor compruebe el nivel de calidad que le han proporcionado tanto ex ante o durante la prestación del servicio, como ex post.

El caso más paradigmático lo encontramos en los servicios sanitarios. Cuando una persona va a un hospital, centro de salud, etc. se encuentra frente a un facultativo en el cual, confía su salud, esperando la mejor prestación y diligencia. En este sentido, el ejemplo extremo de la dificultad de comprobación del nivel cualitativo sería: 

El médico que hubiera procurado el mejor tratamiento y no consiguiera el nivel de salud o recuperación del paciente que se esperaba, podría encontrarse en entredicho ante la falta de la suficiente credibilidad y control sobre su actuación de trabajo, facultades ejercidas por el colegio profesional.

Por tanto, es el colegio profesional el que cubre esa brecha de información entre el cliente y paciente y el profesional al aportar certidumbre y seguridad sobre el ejercicio de este último.

En la actual situación que nos encontramos de recortes como en sanidad sin ir más lejos y reformas de calado debemos preguntarnos y estudiar detenidamente las implicaciones si esta propiedad tan determinante como es la confianza sobre los servicios profesionales se va a ver mermada. Es decir, si se va a dejar de lado el cuidado de la calidad, por la falta de órganos independientes de control deontológico que preserven y garanticen ante la sociedad, ciertos estándares necesarios y deseables.

La calidad y la confianza es el verdadero valor añadido y sustancial del subsector de servicios profesionales; si entra en una espiral de degradación paulatina afectamos a su línea de flotación y, lo que es más importante, a la sociedad.

Competencia y competitividad

Competencia y competitividad: ¿Confundidas? ¿Qué sugieren? Aunque, a priori, son dos términos que solemos manejar con cierta asiduidad —sobre todo en los entornos profesionales—, a menudo parece percibirse que ambos conceptos quedan difuminados en la vorágine de mensajes que recibimos todos los días desde distintos ámbitos. Si acudimos a la RAE, la acepción que encontramos nos dice que la competencia es la situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio. Por otro lado, de la competitividad la RAE afirma que es la capacidad para competir.

Hasta aquí todo claro. Efectivamente, la competencia es la lucha y el juego entre los operadores por hacerse con mayor cuota de mercado, mientras que la competitividad denota el potencial de competir de cada operador con el resto. En cualquier caso, cuando estos conceptos son aplicados y nombrados dentro del subsector de los servicios profesionales pueden llevar a equívoco como tengo la sensación y ser motivo de confusión en aras o con el objetivo de trasladar determinados mensajes.

El ejemplo lo tenemos nuevamente en la futura reforma de los servicios profesionales y en todos los informes y legislaciones emanadas desde Europa y España. Una de las mayores ventajas más repetidas a las que se apunta que puede tener la liberalización planteada de los servicios profesionales es un fomento de la competencia entre los profesionales que tenderá a la baja los precios y mejorará la calidad de los servicios. Y, casi de forma seguida, se sugiere que esta mejora en la calidad de los servicios vendrá como resultado del mayor incentivo en los operadores profesionales por mejorar su competitividad, es decir, su capacidad para competir.

Pero, ¿dónde está sustentado que el proceso de la competencia en los servicios profesionales dé lugar a una bajada en los precios e, inmediatamente, una mejora en la calidad?  Según este planteamiento, la competitividad del profesional... ¿vendrá de la disminución de costes o por una mayor inversión en calidad? Desde luego, si tenemos en cuenta que además los órganos de control deontológico independiente, como los colegios profesionales, no van a estar tan presentes en el proceso como garantes de la confianza, seguridad y una sana competencia, se antoja difícil pensar que el nivel cualitativo de los servicios profesionales pueda mejorar.

¿Por qué iba a tener mayor incentivo el operador profesional a ofrecer más calidad, cuando no existe control y el consumidor no es capaz de diferenciar exactamente el nivel de calidad del servicio? Todo esto nos podría llevar a pensar que la mejora de competitividad de cada operador se centra en la mayor eficiencia de costes, —positivo, desde luego dentro de unos márgenes— pero su objetivo se focalizaría, principalmente, en atraer con mayor publicidad a potenciales clientes o pacientes. Estaríamos fomentando, de este modo, una lógica de razonamiento basada en la preocupación del profesional por permanecer en el mercado.

Todo esto conlleva que, si el colegio profesional deja de ser referencia sobre el control y la información veraz de los profesionales, la publicidad se convertiría en la forma más potente de conseguir difusión, erigiéndose así en el principal elemento de decisión, además del precio para el consumidor. Eso sí, hablaríamos de una publicidad más tendente a intereses de captación que de mera información, y que adolecerían del inherente interés social por el que se definen estos servicios.

Cultura Profesional vs. Cultura Mercantilizada

A primera vista, ante estos dos conceptos —Cultura Profesional y Cultura Mercantilizada— podemos pensar que estamos ante un significado e incluso una semántica similar. Tampoco estamos muy lejos de la realidad; de hecho, existe cierta relación: Lo profesional tiene algo de mercantil y viceversa. Pero parémonos a pensar y reflexionemos detenidamente.

Existen grandes diferencias entre ambos conceptos. Si hablamos de Cultura Profesional, nos referimos a una serie de valores éticos y de proceder con los que el profesional opera en su actividad cotidiana de trabajo. Unos valores que, en el estudio económico realizado en Unión Profesional, se corresponden con los parámetros característicos de las profesiones colegiadas. Parámetros como la independencia de criterio o autonomía facultativa, la preponderancia del buen ejercicio profesional por encima del ánimo de lucro y la necesidad de atribuir como garantía un estándar de calidad al servicio que obtiene el cliente o paciente, son algunos de los más inherentes y representativos de un profesional colegiado.

La inminente reforma de servicios profesionales, no obstante, no repara en las implicaciones que, desde otro punto de vista, puede causar la falta de un control independiente, y pone el énfasis en que repercutirá en un mayor dinamismo económico y mejora de la calidad de los servicios profesionales —mejora en la calidad que, dicho sea de paso, no se sostiene ni mucho menos razonablemente, como veremos en posteriores entradas— . Por tanto, las evidencias apuntan a una clara tendencia hacia la mercantilización de los servicios profesionales.

Una Cultura Mercantil, que deja a un lado esos valores profesionales que garantizan la calidad y el servicio al consumidor fomentando una lucha competitiva entre operadores profesionales por ganar cuota de mercado, máxime si no existe un órgano independiente de control, como los colegios profesionales. El ejemplo evidente de mercantilización de los servicios profesionales lo tenemos en el caso jurídico:

En EEUU, los abogados sólo son remunerados si ganan el caso que le plantea el cliente, lo que se da en llamar cuota litis estricta. Por el contrario, en España y el resto de Europa, la cuota litis es atenuada, es decir, el abogado queda remunerado en primer lugar por su trabajo, y tiene una parte proporcional adicional consensuada si gana el caso. 

Una situación desde luego más lógica y que tiene en cuenta el trabajo del profesional y su independencia de criterio, no haciéndole tan interesado en obtener beneficios de por sí, y pudiendo dar más calidad al cliente. He aquí por tanto, la cierta relación entre ambas culturas predominando por supuesto la profesional. Dicho esto, la pregunta para saber a dónde nos dirigimos es: ¿Queremos un servicio profesional de calidad  para el cliente o paciente, o una cultura mercantilizada del trabajo donde sólo importe el beneficio?

>> El artículo que os dejo a continuación explora las posibles consecuencias de la falta de un control independiente.

Por qué Carlyle no tenía razón...

Con motivo de este post inaugural, puede ser interesante comenzar por contextualizar acerca de las líneas maestras sobre las que va a tratar este blog. Si atendemos al título principal, Carlyle no tenía razón, aludimos al afamado ensayista y crítico social escocés del siglo XIX que afirmó sobre la economía que era una “ciencia lúgubre”. Una conclusión a la que llegó después de estudiar la teoría malthusiana de la población y los alimentos, en donde se aventuraba un futuro ciertamente negativo. La economía, desde entonces, ha convivido con esta pesada carga, —no sin razón en ocasiones, todo hay que decirlo—, que le ha hecho llevar consigo el sambenito de carácter oculto, materialista, críptico o enigmático. Por ello, desde esta plataforma, intentaremos desde un punto de vista humilde pero con gran incentivo, hacer de la economía algo más pedagógico y transparente, con el propósito de quitar la razón con permiso a Thomas Carlyle.

En este sentido, ante la avalancha de noticias que nos invaden en los últimos meses y que darán como colofón la aprobación de la reforma de los servicios profesionales, pretendemos hacer llegar desde aquí: una batería de definiciones, reflexiones y ejemplos nutrida de teoría económica que nos ayude a entender un poco mejor de qué hablamos y más importante aún de qué nos quieren hablar. De manera progresiva, por tanto, consideraremos temas tales como macroeconomía donde nos centraremos principalmente en el empleo, pero también y muy especialmente en cómo funciona el mercado de los servicios profesionales. Un mercado que tiene unas líneas de actuación y características específicas que trataremos detenidamente. Emplearemos, asimismo, cuando sea preciso, el estudio económico realizado dentro de Unión Profesional llamado “Impacto en la economía nacional de la regulación de los colegios profesionales” en donde se abordan todos estos temas.

No olvidemos, que la seña de identidad principal de los servicios profesionales es la confianza y la calidad, lo que llama a una filosofía y ética profesional de hacer las cosas sensiblemente diferente a otros sectores económicos. Con lo cual, para hacer honor al lema de este blog, buscaremos una mayor identificación y confirmación de una cultura económica de lo profesional.